'Ley Sinde' o la necesidad de una solución pactada
El Gobierno de Zapatero no tira la toalla en su lucha contra las llamadas descargas ilegales.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, lo dejó claro ayer cuando, tras ver tumbada este martes por el Congreso la ley que lleva su nombre, por 18 votos a favor y 20 en contra, aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando para defender la propiedad intelectual.
Tampoco da la batalla por perdida la Coalición de Creadores e Industrias de los Contenidos. Ayer, en plena resaca política dentro y fuera de la red por la polémica ley antipiratería, volvía a hacer un llamamiento a la responsabilidad política de los distintos grupos políticos "para que actúen en consecuencia en los próximos trámites legislativos que aún ha de superar la Ley de Economía Sostenible (LES)" en la que está incluida la disposición final segunda o ley Sinde.
Esta coalición, que agrupa a la SGAE y otras entidades de gestión de derechos de autor, asegura que "dialogará con los grupos con el objetivo de lograr los acuerdos necesarios" y también advierte que trabajará "con las oportunas instancias europeas para conseguir la armonización de la lucha contra la piratería en internet, en línea con la adoptada en países de otros Estados miembros". Una amenaza velada, pero anunciada sin tapujos días antes por Aldo Olcese, presidente de la coalición, quien advirtió que si no salía adelante la ley Sinde defenderían ante Bruselas "una ley más dura" y pediría que "se persiga a los usuarios que hagan descargas ilegales como se hace en Francia y Reino Unido".
Hace falta un debate profundo sobre la propiedad intelectual en el que participen todos los afectados
Frente a ellos, en Twitter y Facebook las muestras de alegría de internautas y asociaciones de consumidores se multiplicaban; incluso algunas las páginas webs como Series Yonkis señaladas con el dedo como "piratas" se lanzaron a agradecer el apoyo de los usuarios.
Con todo, el fracaso de la ley Sinde no da por zanjada una cuestión tan compleja como la regulación de la propiedad intelectual. Al contrario. Pero, la votación en contra y unánime de todos los grupos (salvo el PSOE) parece una razón más que suficiente para que el Gobierno reflexione acerca de qué ha hecho mal. Y no solo él. También la industria de los contenidos deberá pensar que igual sus propuestas tampoco deberán ser del todo razonables cuando encuentran tanta hostilidad ante sus peticiones. Y, por último, y pese a que pueda parecer que han logrado una victoria aplastante, los internautas deberían reflexionar igualmente porque tarde o temprano habrá una regulación de la propiedad intelectual, puesto que internet es un nuevo medio que cambia muchos aspectos del negocio de la cultura, pero eso no quiere decir que los creadores no tengan que obtener una remuneración por su trabajo.
Lo que está claro es que los ánimos están enconados y que no va a ser fácil llegar a un acuerdo rápido. Que la ley Sinde salga adelante ahora en el Senado se presenta difícil, debido a la ventaja que tiene el PP en la Cámara Alta, y que este grupo termine dando su apoyo al Gobierno no parece tarea fácil, vista la actitud reiterada del primer partido de la oposición ante cualquier medida impulsada por el Gobierno. Tampoco parece muy viable que la ley Sinde obtenga el respaldo del PNV o de CiU, porque como muchos políticos reconocen en privado "hoy ningún partido está dispuesto a enfrentarse a esta presión de los internautas".
Así las cosas, parece que tiene sentido plantear una reforma integral, que incluya todos los aspectos que afectan a la propiedad intelectual: desde el canon digital (que tal y como se estaba aplicando en España era ilegal, según Bruselas), al papel de las entidades de gestión muchas veces cuestionado, y a la propia ley de propiedad intelectual. Y eso, justamente, es lo que, según fuentes consultadas por CincoDías, se está planteando el Gobierno. Desde luego meter en la Ley de Economía Sostenible la famosa ley antipiratería no ha sido lo más apropiado, y tampoco parece bueno que cada tema vinculado a esta cuestión esté disperso por la normativa española.
Eso sí, hace falta debate. Y debate entre todas las partes, incluidas las páginas "piratas". Porque, ahora con internet y las nuevas tecnologías cualquier persona puede convertirse en creador y, porque, sin duda, merece la pena no envenenar más este tema, fundamental para una industria clave para el futuro como la de los contenidos digitales.
En este contexto, también sería deseable que la industria de la cultura entienda algo elemental: No se puede defender un modelo de negocio que ha muerto. En internet es absurdo querer remunerar al autor por copia. Hace falta una reflexión profunda sobre la propiedad intelectual, como también han pedido PNV y CiU.
Seguramente serán ciertos los datos que aporta, por ejemplo, el sector videográfico en España de que ha perdido desde 2005 más de 5.000 empresas y 40.000 puestos de trabajo por la piratería, pero también lo es que en aquellos países, como EE UU, donde se ha construido buena oferta "legal" por internet, como Hulu o Netflix, la gente ha respondido. ¿Por qué no va a ser igual en España? El gran error de la industria cultural está siendo no poner las cosas más fáciles para que quien quiera cree experiencias "legales" que lleven al usuario a abandonar la piratería; el gran fallo de los internautas, apoyar que una página web pueda lucrarse con la materia prima de otro con el pretexto de defender la libertad de expresión. Y el Gobierno, intentando crear una Comisión, dependiente de Cultura, que decida qué se cierra en internet. Pese a tanto error, aún estamos a tiempo.