Conclusiones del bufete Luis Romero y Asociados

El Gobierno podría haber incurrido en varios delitos, al declarar el estado de alarma

Los miembros del Gobierno y los integrantes del gabinete de crisis que decretaron el estado de alarma para hacer frente al caos aéreo provocado por los controladores podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, amenazas, coacciones y/o contra los derechos cívicos, según informa el bufete Luis Romero y Asociados-Abogados Penalistas en un comunicado.

Estas son las primeras conclusiones del dictamen jurídico que está elaborando este despacho de abogados por encargo de un grupo de controladores aéreos de Andalucía para estudiar la adopción de estas medidas excepcionales por parte del Gobierno.

Según explican los abogados, aunque se ha querido dar una apariencia de legalidad a tales decisiones, éstas podrían "vulnerar" la Constitución Española al tratar de dar una solución a un problema laboral.

En este sentido, explicaron que, en casos aún más graves, como la huelga nacional de transportistas o la de los trabajadores del Metro de Madrid, con la actuación de piquetes ilegales, no se tomó ninguna medida similar.

Por todo ello, los letrados van a analizar cada una de las actuaciones del Gobierno en este caso, así como los presuntos hechos ilícitos, como podría ser la publicación del Decreto justo el día que comienza el puente.

Además, también consideraron "llamativo" el anuncio por parte del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido de que los controladores habían cometido un delito de sedición por el que les iban a solicitar ocho años de prisión y el embargo de todos sus bienes.

Al respecto, los abogados señalaron que "en el peor de los casos", se trataría de un abandono de sus funciones, que tampoco, consideraron, se ha producido.