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Nombra administrador a la SEPI

Un juez de Bilbao declara el concurso de Babcock con un pasivo de 73 millones

El enésimo proceso de reconversión de Babcock Power, la antigua Babcock Wilcox, se resolverá, esta vez, en los juzgados. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao hizo público ayer el auto por el que declara en concurso de acreedores al fabricante vasco de bienes de equipo, que ha manifestado un pasivo de 73 millones frente a un activo de 76 millones.

La escasa cartera de pedidos y los problemas financieros de su accionista único, el grupo austriaco A-TEC Industries, y de su holding AE&E Group, bajo intervención judicial desde el 24 de noviembre pasado, se han trasladado a Babcock Power España. La compañía de bienes de equipo, con una plantilla de 400 trabajadores y que hasta 2004 estuvo bajo el paraguas de la SEPI, se encuentra desde ayer en concurso de acreedores con un pasivo de 73 millones. Su propietario, en el informe presentado al juez, no pide la liquidación pero presenta una lista con más de 300 acreedores. En esa relación, la SEPI ocupa un lugar destacado.

En su auto, el juez Aner Uriarte mantiene, de momento, las facultades de administración de los actuales propietarios pero nombra administradores judiciales a Íñigo Gómez, Javier Santamaría y a Cofivacasa. Esta última sociedad, que ya tiene perfilado a su representante en el proceso concursal, es una filial al 100% de la SEPI dedicada a gestionar los procesos de liquidación y los pasivos laborales de compañías que han estado en la órbita del holding presidido por Enrique Martínez Robles. Así, es titular de Ensidesa Capital, AHV o la propia Babcock Wilcox, entre otras.

Garantías laborales

El comité se reunió por la mañana con el magistrado y, por la tarde, con ejecutivos del grupo público

El nombramiento como administrador de Cofivacasa se fundamenta por el papel protagonista de la SEPI en el concurso al tener comprometidas determinadas garantías salariales con los trabajadores de Babcock Power España dentro del proceso de privatización. Entonces sellaron unos pactos, por si fracasaba el proyecto empresarial de la firma austriaca, en los que se incluyeron prejubilaciones, recolocaciones e indemnizaciones superiores a las del despido improcedente. Precisamente ayer, el comité de empresa se reunió por la mañana con el juez que entiende del convenio de acreedores. Por la tarde, responsables de la federaciones del metal de CC OO y UGT lo hicieron con los responsables de SEPI.

El papel del grupo público no se presenta sencillo. Fuentes consultadas cifran en más de 65 millones de euros el coste de las garantías comprometidas con una parte de la plantilla, ya que otra parte se incorporó posteriormente al cierre del acuerdo hace más de seis años. En un momento en el que se cuestionan desde diferentes ámbitos las medidas de reforma del mercado de trabajo y el aumento de la edad de jubilación, la ejecución de las garantías también puede ser criticada, añaden las mismos medios. Señalan, además, que es posible que la medida deba ser refrendada por el consejo de ministros.

El mensaje está lanzado. Hace apenas tres semanas, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló en Bilbao respecto de Babcock Power que cuando "se produzca la extinción de la relación laboral es cuando SEPI deberá de actuar de acuerdo con los trabajadores buscando ejecutar las garantías y, si fuera posible, aunque sabemos que ya es difícil, tratar de reactivar el proyecto que en su día dio origen a la privatización".

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