Solo el 37% de los directivos públicos evalúa el envejecimiento de su plantilla
Los efectos del envejecimiento de la población en el sector público están siendo minusvalorados por la Administración. Es una de las principales conclusiones de un informe a escala internacional elaborado por KPMG.
La consultora subraya que solo el 37% de los directivos públicos ha empezado a abordar este problema que afectará a sus plantillas en breve. Lo curioso es que la mayoría de los altos cargos son conscientes de que la jubilación masiva de trabajadores, procedentes del baby boom de los sesenta, les perjudicará en gran medida en la organización del trabajo y en su capacidad para hacer frente a los servicios que prestan al ciudadano. Todo ello, unido a la reestructuración de los entes públicos para reducir costes, producirá un tsunami en la estructura organizativa de la Administración, apuntan también desde la consultora. La única salida es crear un organización más eficaz sin descartar la externalización de servicios ineficientes. Si hay varios niveles de Administración, como en España, la eliminación de duplicidades ayudará a recortar gastos superfluos.
La jubilación flexible, aspecto que desea impulsar el Gobierno español, puede ser otro aliado. Los que han superado la edad legal de jubilación y deseen prolongar su actividad pueden servir a tiempo parcial como "gerentes de edad avanzada" para los más jóvenes, transfiriéndoles los conocimientos adquiridos, indica Mark Smith, socio de KPMG.
Pensión y salario
Los consultados en el informe ven positivo que en áreas públicas donde sea necesario se pueda compatibilizar el cobro de una pensión, a la que se tiene derecho, con un salario adicional o un seguro de vida, a cambio de prolongar de forma voluntaria la edad de retiro.