Las prejubilaciones costarán al Estado 250 millones

Caja Madrid y sus socias prescinden de 4.000 trabajadores con un ERE

La fusión liderada por Caja Madrid alcanzó ayer un pacto laboral con los sindicatos. Hasta 4.000 trabajadores de las siete entidades (un 15% de la plantilla) saldrán del grupo con prejubilaciones y bajas incentivadas. Al tramitarse como ERE, cobrarán dos años de seguro de desempleo, lo que supondrá un coste para el Estado de hasta 250 millones de euros.

El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el de Caja Madrid, Rodrigo Rato, en el centro de la foto junto el resto de los presidentes de las cajas del SIP
El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el de Caja Madrid, Rodrigo Rato, en el centro de la foto junto el resto de los presidentes de las cajas del SIP

Los representantes de la fusión virtual integrada por Caja Madrid, Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja llegaron ayer a un acuerdo laboral con los sindicatos. El pacto fija las condiciones para acceder a prejubilaciones, bajas incentivadas o reducciones de jornada, entre otras medidas con las que prevén reducir hasta 4.000 empleos.

El acuerdo, que se cerró en la madrugada del miércoles, marca los requisitos para cumplir con el objetivo de recortar la plantilla de las siete cajas en 3.800 personas, impuesto en el plan de reestructuración presentado para recibir ayudas públicas del FROB, que ascienden a 4.465 millones. Esto supone prescindir del 15% de la plantilla.

El ajuste se distribuirá en relación al peso que cada entidad tendrá en el banco que operará como sociedad central y en el que las cajas serán accionistas. Así, Caja Madrid, con un 52% de los títulos, asumirá un recorte de cerca de 2.000 trabajadores y Bancaja (37%) de 1.400.

La fórmula principal para el ajuste de empleo será la prejubilación, que permite cobrar un 95% del sueldo fijo neto del último ejercicio a los trabajadores que cumplan 55 años en 2011.

La fórmula del ERE

Las salidas de asalariados se tramitarán por medio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este mecanismo permitirá a las cajas realizar un importante ahorro, que asumirá el Estado, pues las prejubilaciones se transforman en la práctica en un despido y durante los dos primeros años el empleado cobra el paro, que la entidad completa hasta el porcentaje pactado en los acuerdos laborales.

La caja también se ahorra la Seguridad Social, que correrá a cargo del Inem. La fórmula del ERE también beneficia fiscalmente a los empleados que se acojan a la medida. Tendrán una exención del equivalente a 45 días por año trabajado y la posibilidad de aplicar a la parte no exenta de la indemnización (el resto desembolsado durante los años que restan hasta la jubilación) el tratamiento de renta irregular.

Expertos del sector calculan que el ahorro de costes que se obtiene con esta fórmula puede llegar al 25%. Teniendo en cuenta que la factura total de las prejubilaciones en Caja Madrid, Bancaja y sus cinco socias podría rondar los 1.000 millones de euros, el Estado asumirá un cargo de hasta 250 millones.

Para que estos expedientes sean autorizados por el Ministerio de Trabajo, las cajas pueden alegar duplicidad de puestos de trabajo y causas organizativas y de producción.

La fórmula de articular las prejubilaciones a través de un ERE, común en otros sectores, es nueva en la banca. En anteriores procesos de ajuste del sector financiero español se llevó todo el coste contra las reservas de la entidad. Durante la creación de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, se hicieron prejubilaciones con 53 años.

Tras la aprobación del acuerdo, los empleados de Caja Madrid y sus socias que cumplan las condiciones -entre otras, 10 años de antigüedad- tendrán dos meses para pedir la prejubilación.

Respecto a las bajas voluntarias, se ofrece una indemnización de 45 días por año trabajado, con lo que varía desde los 10.000 euros para los que tienen una antigüedad de cinco años, hasta 30.000 euros para quienes llevan más de 20 años.

El contrato firmado por cajas y sindicatos establece también la progresiva homogeneización de las condiciones laborales de las siete entidades. Con carácter general, se aplicará el convenio colectivo de las cajas de ahorros, aunque el trabajador pase al banco-sociedad central.

La siete entidades que participan en el SIP prescindirán del 15% de plantilla

BBK se reúne hoy con los sindicatos de Cajasur

Representantes de los sindicatos presentes en el comité intercentros de Cajasur (Aspromonte, CC OO y UGT) analizarán hoy en Córdoba con responsables de BBK propuestas sobre cómo alcanzar el ahorro en costes laborales que pretende lograr la entidad vasca en Cajasur, que el próximo 1 de enero pasará a denominarse BBK Bank.

El vicesecretario de relaciones exteriores de Aspromonte (sindicato mayoritario en Cajasur), Antonio Luis Cuesta, ha explicado que acudirá a la reunión con la intención de "plantear propuestas constructivas, recogiendo así el guante que lanzó la empresa".

Cuesta considera que en dos horas con BBK se "se ha avanzado más, en cuanto a conocer la cifra de ahorro objetiva" en costes laborales que pretende BBK, "que lo que se había avanzado con Unicaja en tres meses, que fue el tiempo que estuvieron mareando con el estudio de Boston Consulting".

El SIP de Cajastur y CAM prevé la salida de hasta 2.300 empleados

El sistema institucional de protección (SIP) formado por Cajastur, Caja Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja de Extremadura prevé unas 1.880 prejubilaciones y el cierre de unas 470 oficinas entre todas las entidades, según el preacuerdo laboral ratificado el martes por la dirección y los sindicatos.

Banco CCM (filial de Cajastur) cerrará 100 oficinas repartidas por toda España y prejubilará entre 450 y 480 personas, según fuentes sindicales.

En el SIP podrán acogerse a las prejubilaciones trabajadores de entre 55 y 64 años con al menos 10 años de antigüedad, aunque en Banco CCM serán empleados de entre 55 y 60 años puesto que los mayores de 60 ya se han prejubilado.

Adicionalmente, se han propuesto 300 bajas incentivadas en todo el SIP. El pacto prevé indemnizaciones para las personas que sean trasladadas más allá de un radio de 25 kilómetros desde su ubicación actual.