El Congreso dejará libertad al Gobierno para ampliar la edad real de jubilación
Ayer no se cerró acuerdo alguno, pero el PSOE terminará contando con el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios para dejar las manos libres al Gobierno a la hora de prolongar la edad real de jubilación. En busca de un acuerdo de mínimos, los socialistas evitaron plantear su objetivo de fijar la edad legal en los 67 años.
En un asunto tan sensible como el de las pensiones, los partidos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo se han entregado a la ambigüedad en las formas y en el contenido. El aumento de la edad legal de jubilación sigue siendo el principal escollo para conseguir un acuerdo y el PSOE es consciente de que si plantea de golpe y por escrito pasar de los 65 años actuales a los 67, según el compromiso contraído por el Gobierno con Bruselas, tiene todas las de perder en sede parlamentaria. De ahí que los socialistas presentaran ayer una propuesta en la que no se mencionan para nada los 67 años, iniciativa que sirvió para comenzar a trabajar en una redacción ambigua que terminará dejando las manos libres al Gobierno para conseguir su propósito.
Salvo el PSOE, ningún grupo político defiende que el retraso de la edad legal de jubilación desde los 65 años a los 67 se haga de forma forzosa. Sin embargo, al hablar de la edad real, que no legal, todo cambia y aquí se abre un amplio abanico de posibilidades que favorecen el consenso. El portavoz del PP en la comisión, Tomás Burgos, defendió ayer que alargar la edad legal de jubilación no supondría conseguir más años de actividad laboral, sino penalizar a muchos trabajadores que no van a poder llegar en activo a esa edad. Su partido ha presentado una enmienda a los Presupuestos de 2011 en la que se defiende que la edad de jubilación se mantenga en los 65 años y que de ampliarse a los 67 se haga siempre "de forma voluntaria y por decisión del trabajador". En la actualidad, los trabajadores se jubilan con una media de edad de 63,8 años.
En esta misma sintonía trabajan también CiU y PNV, aunque al final ambos grupos terminarán avalando una recomendación ambigua y sin mayores precisiones para dejar libertad al Gobierno a la hora de elaborar el proyecto de ley. Será cuando este proyecto llegue al Congreso a finales de enero cuando se den los retoques finales en la tramitación parlamentaria.
Mayor periodo de cálculo
En lo que ayer sí hubo coincidencia es en la necesidad de incorporar una mayor contributividad al sistema. De esta forma, el PSOE cuenta con el acompañamiento del PP, CiU y el PNV para aumentar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años actuales, aunque el Pacto de Toledo también eludirá concretar una cifra para dejar también amplio margen de maniobra al Ejecutivo, incluso para que pueda abarcarse en este cálculo la totalidad de la vida laboral. En la recomendación final del Pacto de Toledo se abogará porque esta cuestión sea fruto del diálogo social.
Estos partidos también están de acuerdo en proponer al Gobierno que los trabajadores que no estén afectados inmediatamente por la reforma cuando ésta entre en vigor puedan acogerse también de forma voluntaria al nuevo periodo de cálculo de estas prestaciones. En cualquier caso, el objetivo que se persigue es conseguir un ahorro significativo en el coste del sistema.
La izquierda parlamentaria se planta
Habrá movilizaciones sociales. Con este anuncio salieron ayer de la comisión del Pacto de Toledo Izquierda Unida, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego, contrarios a que el Congreso dé un cheque en blanco al Gobierno para legislar en aspectos tan sensibles como el cambio de la edad de jubilación o el aumento en el periodo de cálculo de las pensiones. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, fue claro en su análisis: "El PSOE intenta que salgan adelante en el Pacto de Toledo recomendaciones que sean interpretables para dar cobertura al proyecto de ley del Gobierno. Nosotros no estamos por la labor porque cuando el Gobierno legisle debe saberse si lo hace con o sin el acuerdo del Pacto de Toledo".La izquierda parlamentaria tiene claro que los sindicatos darán una respuesta contundente a la reforma de las pensiones que proyecta el Ejecutivo. "La ambigüedad no puede servir de coartada al Gobierno para restringir los derechos de los ciudadanos", añadió Llamazares.