El paro, la reforma laboral y la primera huelga general de Zapatero marcan 2010
El aumento del paro, las medidas para reducir el déficit y la aprobación de la reforma laboral en junio, marcaron un año en el que los sindicatos convocaron la primera huelga general contra el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Además de la huelga, la reforma laboral también fue la causa de una nueva ruptura del maltrecho diálogo social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, que se había reanudado en enero.
Los sindicatos, presionados por parte de la sociedad para convocar la huelga, reiteraron en numerosas ocasiones que no lo harían mientras que el Gobierno mantuviera su compromiso de no recortar derechos ni protección a los trabajadores.
Tras la aprobación por decreto de la reforma laboral en junio, ratificada por el Congreso en septiembre, CC OO y UGT consideraron que había llegado el momento, ya que en su opinión esta reforma es lesiva para los trabajadores porque, entre otras muchas cuestiones, facilita y abarata el despido.
La reforma laboral tampoco gustó a la CEOE que abogaba por cambios más profundos en aspectos como la negociación colectiva, el despido o el absentismo, y por mantener su reivindicación histórica de recortar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Así, el diálogo social, que se había retomado en enero -tras la ruptura de julio de 2009- volvió a quebrarse y los sindicatos convocaron la huelga general, que ha sido la primera de estas características contra el Gobierno de Zapatero. No obstante, el presidente tuvo que afrontar antes, el 8 de junio, la huelga de los empleados públicos por el recorte salarial aprobado por el Gobierno en mayo.
Tras la huelga general, el aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció que abandonaría su cartera para incorporarse a las listas del PSC ante las elecciones autonómicas.
Desde que Corbacho llegó al ministerio, en abril de 2008, la crisis provocó una enorme destrucción de empleo y elevó el número de parados a más de 4,5 millones, según datos de la EPA del tercer trimestre.
El nuevo ministro, Valeriano Gómez, que tomó posesión el 20 de octubre, se enfrenta así a unas cifras récord de desempleo y sin acuerdo entre los interlocutores sociales para acometer las reformas pendientes: la de las políticas activas de empleo, la de negociación colectiva y la de las pensiones.
Para hablar de la reforma de las pensiones, Gómez compareció el 1 de diciembre por primera vez en la comisión del Pacto de Toledo y dejó claro que el Gobierno mantiene su idea de alargar la vida laboral, aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación y reducir las prejubilaciones.
Con esa premisa de prolongar la vida laboral, ante la que "no hay salida", según el ministro, volverá a intentar negociar con la patronal y los sindicatos antes de que acabe el año en un diálogo que cada vez se torna más difícil, para poder tener preparado un proyecto de ley en los primeros meses de 2011.
Para impulsar el cambio en las políticas activas, Gómez elevó de rango la Secretaría General de Empleo y la convirtió en Secretaría de Estado, a cuyo frente situó a la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez.
Para la otra reforma pendiente, la de la negociación colectiva, la patronal y los sindicatos tienen como fecha límite el 20 de marzo para presentar su propuesta o de lo contrario el Gobierno decidirá al respecto, tal y como lo establece la reforma laboral.
Por su parte, CC OO y UGT, después de su primera toma de contacto con el Gobierno tras la huelga general, el 12 de noviembre, se reafirmaron en las posiciones que les llevaron a convocarla.
Así, 2010 termina con un conflicto social que continúa abierto y que culminará con las manifestaciones convocadas por los sindicatos en toda España para los días 15 y 18 de diciembre.
