El Congreso vetará una subida impuesta de la edad de jubilación
Todos los intentos del Gobierno para convencer a los grupos políticos de la necesidad de imponer el aumento de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años han fracasado. La Comisión del Pacto de Toledo se decantará por introducir estímulos al alargamiento de la vida laboral, pero no admite imposiciones, según los distintos partidos consultados. Mañana miércoles se sentarán las bases para un acuerdo amplio.
La fecha del 28 de enero fijada por el Gobierno como límite temporal para la elaboración del proyecto de ley que reformará las pensiones ha obligado a los grupos que integran la comisión del Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos. Mañana miércoles, se pondrán en común todos los aspectos de la reforma en los que hay acuerdo con el fin de que la semana que viene, como mucho, pueda ya ultimarse un primer borrador para su traslado al Ejecutivo.
El principal escollo detectado descansa en la negativa de todos los grupos de la oposición, sin excepción, a que la ley imponga la edad legal de jubilación a los 67 años. El PP, CiU y PNV coinciden en que el aumento de la edad de jubilación debe ser una opción voluntaria ligada a estímulos más generosos que los aprobados en 2007. Los grupos más importantes de la Cámara en los que intentará apoyarse el Gobierno para sacar adelante la reforma comparten, pues, la opinión de que sería aconsejable mantener la edad legal de jubilación en los 65 años, pero abriendo fórmulas a las que podrían acogerse los trabajadores de forma flexible para retirarse más tarde.
El portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, lo tiene claro: "Todos coincidimos en que la edad real de jubilación sea superior y se corresponda con la edad legal, pero para ello tenemos que buscar métodos de incentivación graduales y voluntarios". El portavoz del PNV en la misma Comisión, Emilio Olabarría, abunda en esta misma opinión: "No es necesario cambiar la edad legal de jubilación, pero sí potenciar los estímulos para alargarla. Aquí no valen imposiciones ni tampoco andarse con subterfugios porque vamos a oír el discurso de quienes van a proponer fijar la edad legal en 67 años para que en realidad la gente se jubile a los 65".
Mayor periodo de cotización
En el resto de las medidas que incorporará la reforma hay un acuerdo bastante amplio entre los partidos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo. La mayoría de ellos comparte la necesidad de aumentar el periodo de cotización para tener acceso a la totalidad de la pensión, establecido en la actualidad en los 35 años. Eso sí, la mayoría de los grupos solicitará la inclusión en el informe de medidas extraordinarias para proteger a aquellos trabajadores de más de 45 años que pierdan su empleo. "En España", argumenta Emilio Olabarría, "hay un serio problema con estos trabajadores de difícil empleabilidad y por ello vamos a proponer algunas excepciones para el periodo de carencia". Campuzano está de acuerdo y considera necesario que cambie también "la cultura empresarial" para proteger a este colectivo.
Hay también un consenso amplio en la necesidad de separar por completo las fuentes de financiación del sistema y en poner topes contundentes a las prejubilaciones.
La predisposición del PP, representado en la comisión por Tomás Burgos, a negociar estos aspectos de la reforma anticipa su probable incorporación al acuerdo final. El único grupo que quedará fuera será Izquierda Unida.
Con un ojo en Bruselas y otro en el Parlamento
Si el Gobierno no quiere recurrir a imponer la reforma de las pensiones por decreto, no tendrá más remedio que mirar con un ojo a Bruselas y con el otro al Parlamento español. Los grupos que integran la comisión del Pacto de Toledo tienen la sospecha de que los aspectos más sensibles de la reforma, aquellos que pueden conducir de forma directa a un ahorro en el coste de estas prestaciones, ya han sido comprometidos por el equipo económico del Gobierno ante sus interlocutores alemanes. Y entre ellos se incluye el aumento de la edad de jubilación.Al mismo tiempo, si el Ejecutivo aspira a tener el acompañamiento parlamentario a la reforma debe pactar con los partidos de la oposición un denominador común que facilite la tramitación del correspondiente proyecto de ley por ambas Cámaras. De hecho, como aviso a navegantes, CiU ya le ha hecho saber al Gobierno que si no quiere tener problemas en el Congreso debería adaptar lo más posible la legislación a las recomendaciones que salgan del Pacto de Toledo, para prevenir también el riesgo de transmitir un mensaje equívoco a las autoridades comunitarias que miran con lupa las reformas que está promoviendo el Ejecutivo. "Mi grupo tiene claro que el Gobierno debe estar en condiciones de explicar en Bruselas que en 2030 el gasto en pensiones seguirá instalado en el entorno del 12% y no se disparará, mediante fórmulas como el aumento voluntario de la edad de jubilación o la introducción de una mayor contributividad en el sistema", señala el portavoz de CiU, Carles Campuzano.Algunos de los parlamentarios se preguntan si los compromisos contraídos por el Gobierno en Bruselas no les convierte ya en convidados de piedra.
El acuerdo
l Tiempo de cotización. Para poder acceder a una pensión contributiva se necesitan 15 años, plazo que la mayoría de los grupos apoya ampliar.l Cuantía de la pensión. Ahora se fija tomando como referencia los últimos 15 años de cotización y los partidos apoyan también aumentar este cómputo.l Prejubilaciones. Todos los grupos mantienen que se ha abusado de ellas en los últimos años y que es necesario frenarlas por ley.