Las comunidades deben 9.000 millones

La industria sanitaria acusa a las regiones de financiarse con su deuda

La industria sanitaria (laboratorios y empresas de tecnología) acusa a las comunidades de financiarse a costa de aumentar la partida de lo que les adeudan, que roza los 9.000 millones a finales de octubre. Las empresas denuncian que están teniendo problemas para refinanciar las facturas no cobradas de la Administración, pese al recorte que ha experimentado el gasto sanitario.

El pasado mes de mayo, cuando la crisis griega estaba en su máximo apogeo, el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas de contención del gasto público. Entre ellas destacaba la rebaja de los precios de los medicamentos (genéricos y de marca) y la salida de algunos fármacos del sistema de precios de referencia, lo que supondría un ahorro anual para 1.500 millones de euros.

En cinco meses, el gasto farmacéutico (el dinero que gastan las regiones para cubrir la farmacia hospitalaria y la parte de los fármacos que cubre la Seguridad Social) ha caído en cerca de 300 millones de euros, lo que supone un alivio de 2 millones de euros diarios para las arcas regionales. Mientras tanto la deuda sanitaria autonómica (en la que también está incluida lo que se adeuda a los fabricantes de tecnología sanitaria) ha seguido creciendo de forma exponencial hasta situarse en 8.739 millones de euros, lo que representa que el endeudamiento ha estado creciendo a un ritmo de un millón de euros diario.

De este desfase entre gasto y deuda se deduce, por lo tanto, que el dinero que se están ahorrando las comunidades no lo están destinando a enjugar su abultada deuda, si no a financiar otros gastos. "Realmente se está produciendo una financiación indirecta de las comunidades autónomas a cargo de los proveedores, cuya salida cada vez resulta más difícil por falta de recaudación", destaca el último Observatorio del Medicamento, elaborado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).

El informe destaca el caso de tres comunidades autónomas (Murcia, Cantabria y Baleares), que adeudan prácticamente una tercera parte del total (2.500 millones) y en donde el retraso en el pago supera los 600 días. "En estas comunidades, los laboratorios y otros suministradores comienzan a tener dificultades para la negociación de las facturas con los bancos a través del factoring", subraya.

Mediante este sistema, las empresas reciben un adelanto de las facturas impagadas y la entidad financiera asume la gestión del cobro de las mismas. La falta de pago de algunas comunidades ha llevado a la banca a no seguir renovando estas líneas y a poner en una posición difícil a un gran número de empresas, en especial pymes, fuertemente castigadas por el recorte de precios.

El informe también apunta a un grupo de cinco comunidades (Baleares, Castilla-La-Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid), que presupuestaron a la baja las transferencias corrientes para el pago del gasto sanitario y ahora no tienen fondos para pagar a sus proveedores. Los laboratorios y las empresas de tecnología han tenido que negociar de forma individualizada con cada región para garantizar el pago de la deuda. Entre ellas destaca el alcanzado con Cataluña, que tan solo dispone del 30% de los fondos para el pago de deudas. De este modo, los intereses por impagos los cubre la comunidad al no aplicar el descuento sobre los fármacos.

Farmaindustria reclama un fondo específico

Los máximos dirigentes de Farmaindustria, la patronal de los grandes laboratorios, y de la Federación española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han mantenido reuniones periódicas con el Ministerio de Sanidad para tratar el asunto de la deuda autonómica. A finales de octubre, las comunidades autónomas adeudaban 3.425 millones a los laboratorios y 5.314 millones a las empresas asociadas a Fenin.

Desde la patronal farmacéutica se trasladó a Sanidad la necesidad de crear un fondo específico y finalista para corregir la tendencia al alza de la deuda, de tal modo que las transferencias que reciban las comunidades autónomas del Estado central se dediquen de forma exclusiva a enjugar la deuda autonómica.

Por su parte, la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, propuso durante la reunión celebrada en septiembre con la anterior titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, el desarrollo de un Plan Estratégico Sectorial de Innovación en Tecnología Sanitaria por el que las compañías obtuvieran mayores deducciones fiscales en función del volumen de su inversión en I+D. "De ese modo se favorecería un entorno que permitiría a las empresas del sector seguir aportando valor al sistema sanitario mediante la incorporación de tecnologías innovadoras que contribuyan de manera decisiva a la calidad y a la eficiencia del sistema", recalca. Esta petición es compartida por Farmaindustria, cuyas empresas representan el 9% del gasto nacional en I+D (1.300 millones).