Análisis

Un callejón con una estrecha y delicada salida

El colectivo de controladores se ha lanzado de lleno a una estrategia de confrontación con el Estado, sin posibilidad de retorno, y su actuación, inevitablemente es ya gravemente censurada por una opinión pública harta de pagar y cargar con todos los platos rotos. Si tenían alguna razón ya la han perdido, como también han echado a perder su futuro profesional.

El Gobierno, por su parte, apuesta toda su táctica para las próximas horas, en las medidas legales de coacción que tiene a su alcance, intentando doblegar la voluntad de los controladores para que, ahora ya de manera individual y forzada, reconsideren su posición. En las últimas horas hay indicios ciertos de que esta estrategia va dando algún fruto.

El dialogo como posible vía de escape ha quedado definitivamente aniquilado.

Entre el caos desatado por el cierre del espacio aéreo, cuando ya es necesario contabilizar las pérdidas millonarias de los particulaes y de muchos sectores económicos clave, (porque no es posible cuantificar la ruptura de las ilusiones), no es lo prioritario preguntarse si esta situación pudo haberse evitado. Cuando los cielos se calmen, será una deuda que inevitablemente tendrá que ser afrontada por los responsables.

Una vez que el Consejo de Ministros ha declarado el estado de Alarma, y que los controladores ya responden ente los mandos y la justicia militar, lo único que procede intentar vislumbrar cual es la vía de salida y como ha de estructurse el fin de esta locura para evitar males mayores. Que la solución sea rápida, pero ordenada, no solo interesa al Gobierno, sino sobre todo a los viajeros atrapados y al conjunto de la sociedad.

El colectivo de control aéreo, por voluntad de los propios controladores y consentida durante demasiado tiempo, se ha convertido tras años de conflictos y de cesiones de la autoridades, en un grupo profesional que detenta un monopolio. El control de la navegación aérea, además, no es una actividad cualquiera, sino que comporta una señalada responsabilidad y resulta imprecindible y hasta critica en los momentos clave de los vuelos. Por esta razón los 2000 controladores civiles españoles son muy dificilmente reempalzables en un plazo corto de tiempo, si no logra doblegarse su voluntad.

Tras la militarización del servicio, si cada profesional no reconsidera su actitud (por voluntad o por el miedo a las consecuencias), se podrá meter a los controladores en la carcel. Pero desde allí no pueden ejercer su función de control y a corto plazo, desgraciadamente, no hay quien los sustituya. Si se confirma que los profesionales se reincorporan a sus centros de trabajo, será imprescindible que en una situación tan extraordinaria, puedan obtener la tranquilidad imprescindible para ejercer su misión.

Dado lo inteminable del enfrentamiento del colectivo de controladores con Fomento y AENA (que ya dura más de un año) hubiera sido posible que las autoridades de Aviación Civil adoptaran en su día la precaución de habilitar en tareas especificas a controladores militares. También, tal como lo permite la legislación de la UE, podrían haber contratado a profesionales de control de otros países comunitarios con este mismo fin. Lo cierto es que esta previsión seguramente no ha existido y ahora solo si por el efecto de la militarización, hay una reincorporación masiva al trabajo, se podrá consolidar un restablecimiento de la normalidad, no de manera inmediata, pero si en un breve plazo.

En momentos de tensión como los actuales, es imprescindible que todas las partes recuerden que la seguridad ha sido el cirterio último en el que se ha inspirado y apoyado una actividad tan insustituible como es la aviación comercial.