Economía fija su propio calendario

El Gobierno impone la reforma de las pensiones para el 28 de enero

El ministro de Trabajo pensaba dedicar diciembre a negociar la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo y dejar enero y febrero para el diálogo con sindicatos y empresarios. Este viernes, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fijó la fecha de la reforma: 28 de enero. La vicepresidenta Elena Salgado vinculó la decisión a la necesidad de dar "confianza" a los mercados.

El Gobierno impone la reforma de las pensiones para el 28 de enero
El Gobierno impone la reforma de las pensiones para el 28 de enero

Rubalcaba evitó plantear la aceleración del calendario de esta reforma como un desafío a la comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y a los sindicatos. "No renunciamos al acuerdo, trabajaremos más intensamente. Es bueno fijar una fecha para que todo el mundo sepa a qué atenerse porque el tiempo apremia". En realidad, si se compara este calendario con el que el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, expuso el pasado miércoles en la comisión del Pacto de Toledo, habrá que concluir que la fecha del 28 de enero sí supone un desafío tanto para los parlamentarios que aspiran a negociar con el Gobierno el alcance de la reforma de las pensiones, como para los sindicatos, a los que también se les acortan los plazos para el diálogo. De hecho, Valeriano Gómez no fijó ninguna fecha tan precisa en sede parlamentaria.

Cuando un periodista holandés le preguntó este viernes a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, por las turbulencias en los mercados, obtuvo esta contestación: "Los fundamentales de nuestra economía no han cambiado, estamos en un proceso de consolidación fiscal acelerada y lo más importante que queda por hacer, la reforma de las pensiones, ya tiene fecha para el 28 de enero, y eso es lo que tiene que dar confianza a los mercados".

De la importancia que concede en estos momentos el Gobierno a la relación con los sindicatos da buena cuenta también la supresión de la ayuda de los 426 euros a los parados sin protección sin que esta medida vaya acompañada, en contra de lo que se preveía, de otras compensaciones. La única que aprobó este viernes el Gobierno es la contratación de otros 1.500 orientadores en las oficinas de empleo para que ofrezcan atención personalizada a los parados con mayores dificultades para encontrar trabajo. La retirada de los 426 a partir de febrero ha sido criticada dentro del PSOE y algunos presidentes autonómicos, entre ellos el castellano manchego José María Barreda, ya se han pronunciado en público.

Rubalcaba reconoció que la reunión mantenida recientemente en La Moncloa con un grupo de empresarios le fue útil al Gobierno para darle la dimensión final a este paquete económico, en el que también se han incluido medidas para favorecer a las pymes. Además de permitir que las empresas que facturen hasta 10 millones tributen al 25% en Sociedades, Hacienda facilitará que mantengan esta ventaja durante tres años más aquellas que superen este umbral. Además, se ha fijado en 300.000 euros, en lugar de los 120.000 actuales, el importe hasta el cual la base imponible de estas empresas se grava con el 25%. Las empresas cuyo negocio sea inferior a cinco millones y tengan menos de 25 empleados tributarán al 20%. Estas medidas detraerán de las arcas públicas 230 millones de euros en 2011.

El Gobierno también ha generalizado la libertad de amortización hasta 2015, ha exonerado del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales las ampliaciones de capital, ha simplificado los trámites para crear empresas y ha eliminado la obligatoriedad de las aportaciones a las Cámaras para las pequeñas sociedades, aunque para el resto se ha establecido un periodo transitorio durante 2011.

Por último, dentro de esta batería de medidas se incluye también la privatización del 30% de Loterías, que seguramente se hará en dos tramos, así como la reestructuración de AENA, dando entrada al capital privado en la gestión de Barajas y El Prat.

Clases pasivas

Los nuevos funcionarios ya no entrarán en el régimen de clases pasivas y se integrarán en el de la Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno ha establecido una excepción para los policías, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, que seguirán como hasta ahora.