Las rentas altas en Cataluña se juegan 75 millones en las elecciones
Las rentas altas que residen en Cataluña se juegan mucho en las elecciones catalanas de este domingo. En concreto, 75 millones de euros, que es el coste fiscal de elevar el IRPF hasta el 49% para las rentas superiores a 175.000 euros. Una medida aprobada por el tripartito que el líder de CiU, Artur Mas, promete suprimir si se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat.
Llegará un día en que los catalanes, por el mero hecho de serlo, allá donde vayan lo tendrán todo pagado". La conocida boutade del filósofo catalán Francesc Pujols no solo no se ha cumplido sino que, además, los residentes fiscales en Cataluña afrontan los tipos impositivos más altos en IRPF, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, entre otros tributos. La mayor asimetría se produce en el impuesto sobre la renta. El Parlamento catalán aprobó en mayo elevar dos puntos el gravamen del IRPF para las rentas superiores a 120.000 euros y cuatro para los contribuyentes que ganen más de 175.000 euros. Ello implica que una renta alta que resida en Cataluña aplica un tipo del 49%, mientras la mayoría de comunidades mantiene un gravamen máximo del 43%.
Ello significa que un alto directivo con un sueldo bruto de 655.000 euros pagará, por IRPF, 301.551 euros al año. Es decir, 20.000 euros más que en comunidades que no han subido el tipo como Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o Galicia y 20.800 euros más que en Madrid, comunidad que aprovechó su capacidad normativa para reducir el impuesto que grava las rentas del trabajo.
Sin embargo, el aumento del IRPF podría no entrar en vigor si, como apuntan las encuestas, Artur Mas gana las elecciones de este domingo y, además, cumple su promesa de derogar el alza fiscal. Esa medida beneficiaría a unos 20.000 catalanes -aquellos con rentas superiores a 120.000 euros- que se ahorrarían 75 millones de euros al año.
Con todo, CiU juega a una ambigüedad nada azarosa: "Revisaremos los incrementos impositivos adoptados en 2010 por el Gobierno y que afectan al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al impuesto de actos jurídicos documentados, al de matriculación y al IRPF", señala el programa de los nacionalistas. La utilización del verbo "revisar" ofrece un abanico de posibilidades, desde suprimir el alza fiscal hasta mantenerla con cambios. En ningún lugar del programa electoral se establece que CiU, en caso de ganar las elecciones, eliminará todas las subidas fiscales aprobadas por el Gobierno y Parlamento catalán.
Una de ellas afecta al mercado de la vivienda. Cataluña elevó en junio el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la venta de casas de segunda mano. El tipo impositivo pasó del 7% al 8%. Otras comunidades como Extremadura, Andalucía, Cantabria o Baleares tomaron la misma senda. La medida se justifica por el incremento del tipo reducido del IVA, que también subió del 7% al 8%, y que se aplica en la venta de vivienda nuevas. Además, la Generalitat aprovechó estos cambios fiscales para elevar, a su vez, el impuesto de actos jurídicos documentados, que pasó del 1% al 1,2%. Este tributo se aplica cuando se constituye una empresa o se formaliza una hipoteca. Hasta junio, cuando un residente fiscal en Cataluña contrataba un préstamo hipotecario de, por ejemplo, 250.000 euros, debía abonar 2.500 euros en impuestos. Tras el aumento impositivo, la factura fiscal se incrementa hasta los 3.000 euros. Por último, la Generalitat también aprobó elevar el impuesto de matriculaciones del 14,75% al 16% para los vehículos más contaminantes, que son aquellos que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro.
Ahora, si finalmente gana Mas, todos estos aumentos serán "revisados". Aunque, teniendo en cuenta la situación financiera catalana, las promesas electorales quizás se queden en eso. En promesas. De momento, Mas solemnizó el viernes el fin de campaña prometiendo una "nación plena" a sus votantes.
Impuesto de sucesiones
El programa electoral de CiU asegura que si gana las elecciones suprimirá "de forma inmediata el impuesto de sucesiones y donaciones". Cataluña, si bien rebajó este tributo recientemente, sigue siendo, junto a Extremadura, una de las comunidades donde más caro en términos fiscales resulta heredar.
El sudoku tributario solo acaba de empezar
El aumento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas ha dibujado un mapa fiscal asimétrico. La mayores diferencias afectan a las rentas del trabajo. Se distinguen tres grandes grupos, por un lado, los territorios que mantienen un IRPF por debajo de la media, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia. En el otro extremo aparecen comunidades que han anunciado o aprobado un aumento del IRPF para las rentas altas (Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Asturias y Cantabria). En el tercer grupo se ubican el resto de territorios que no han utilizado su capacidad normativa y cuyo tipo máximo subirá en 2011 del 43% al 45% ya que el Gobierno central incluyó este aumento en los Presupuestos Generales de 2011.Respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales -que grava la compraventa de viviendas de segunda mano-, comunidades como Cataluña, Baleares o Asturias han elevado con carácter general el tributo del 7% al 8%. Otras, como Andalucía o Cantabria han seguido los mismos pasos pero solo para viviendas que cuesten más de 400.000 y 300.000 euros respectivamente. Extremadura, por su parte, aplicará un gravamen del 10% cuando la vivienda sobrepase los 600.000 euros.Por otro lado, Cataluña, Extremadura, Andalucía y Asturias también han aprobado elevar el impuesto de matriculación para los vehículos más contaminantes . La llamada fiscalidad verde sirve a las Administraciones para subir o establecer nuevos impuestos sin parecer que les mueve solo el afán recaudatorio. Andalucía y Cantabria, por ejemplo, ya han creado una tasa sobre las bolsas de plástico. Parece probable que, más temprano que tarde, el resto de comunidades transitarán por la misma senda.