El fiscal se querella contra Joaquín Rivero por el uso de información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, por un presunto delito de abuso de información privilegiada con motivo de la compra de acciones de la inmobiliaria en 2005. Pide entre cuatro y seis años de cárcel.

Esta querella se suma a las demandas presentadas por los actuales gestores de Metrovacesa el pasado septiembre contra el ex presidente de la compañía, Joaquín Rivero, y el ex consejero delegado, Manuel González, ante los juzgados mercantiles de Madrid.

Anticorrupción acusa a Rivero de obtener "un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, y aprovechar este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear)". Se refiere a la compra de acciones de la inmobliaria que entonces presidía en 2005.

El 24 de diciembre de ese año, el empresario Luis Portillo alcanzó un acuerdo con Román Sanahuja (entonces primer accionista de Metrovacesa) y Rivero para venderles las acciones que tenía de la inmobiliaria a 57,5 euros por acción, un precio "notablemente superior" a la cotización de esas fechas (51,5 euros). El pacto no se hizo público para el mercado hasta el 30 de diciembre, provocando una "notable revalorización" de las acciones. Según la fiscalía, entre estas dos fechas "Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esa información a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones".

Ventas de autocartera

Entre el 24 y el 30 de diciembre de 2005, Rivero preparó cuatro operaciones, que se contrataron el 29 de diciembre, por las que Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a distintas entidades financieras y a precios de mercado.

Tras la publicación del acuerdo con Portillo, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear, al precio convenido más una comisión, "en todos los casos muy por debajo del precio del mercado". Anticorrupción concluye que en esas fechas Rivero era beneficiario económico último de esas dos sociedades, por lo que el empresario "incumplió las obligaciones impuestas a quienes tienen información privilegiada". La fiscalía establece que "atendiendo al beneficio obtenido" (más de 600.000 euros), el presunto delito puede ser castigado con una pena de entre cuatro y seis años de prisión, multa de hasta el triple del beneficio obtenido, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o actividad entre dos y cinco años.

Rivero presidió Metrovacesa desde 2002, fecha en la que su empresa Bami la adquirió, hasta 2007, cuando la familia Sanahuja tomó el control.

Posible delito de blanqueo de capitales

Anticorrupción añade que se han descubierto "operaciones de movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales". Según explica, fueron detectadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la investigación que realizó para demostrar la vinculación de Rivero y la firma Eusko Levantear.Además, indica que la CNMV "pone de manifiesto otros movimientos realizados en las cuentas bancarias españolas de las sociedades Steneberg y Gramano (sociedades a través de las que Rivero tenía las acciones de Metrovacesa) en las que se producen entradas y salidas de fondos de no residentes radicados en Mónaco y Luxemburgo, en algún caso relacionadas con salidas de fondos de Metrovacesa y que no han sido explicadas".