El Gobierno intenta encajar en la Ley Postal el rescate de las autovías

Si la reforma de las cajas de ahorros fue coronada en la Ley de Promoción al Desarrollo, el rescate de las concesionarias de autopistas tiene bastantes posibilidades de ser encajado en la Ley Postal. El previsible veto del PP a los Presupuestos en el Senado ha obligado al Gobierno a buscar vías alternativas para evitar la quiebra de estas concesionarias.

Economía y Fomento pactaron hace una semana una solución de urgencia para las concesionarias de autovías que el PP vetó en el Congreso durante la votación de las enmiendas a los Presupuestos. Esta solución consistía en la aportación de 80 millones de euros en 2011 como anticipo a cuenta a las empresas afectadas por la caída del tráfico en las autopistas de peaje, iniciativa que tendría continuidad hasta 2013 en función de la evolución del negocio. Para que estas cantidades no computen como déficit, el acuerdo incluía la creación de una cuenta de compensación mediante la cual las compañías se comprometían a reintegrar estas cantidades en el Tesoro, con sus correspondientes intereses, a razón del 50% de la facturación lograda por encima del total del tráfico previsto.

La medida no gustó al PP, que la consideró un parche, y salió vetada en el Congreso. Ahora los Presupuestos se tramitan en el Senado y los socialistas y CiU volverán a presentar la misma enmienda. Pero hay altas posibilidades de que ésta no llegue a debatirse porque se da por descontado que el PP vetará las cuentas estatales de 2011 y que dicho veto prosperará con el concurso de los propios nacionalistas catalanes, de ERC y de Iniciativa. La vía presupuestaria para resolver este contencioso quedará pues en dique seco, ya que el Congreso no tendrá posibilidad de recuperar esta enmienda cuando el proyecto de Ley de Presupuestos regrese de la Cámara Alta.

Ante esta situación de bloqueo, algunos grupos parlamentarios han propuesto al Gobierno que estudie la incorporación de la misma enmienda a alguna de las leyes en tramitación. Y todos, incluido Fomento, han puesto la mirada en la Ley del Servicio Postal, que depende del mismo departamento. Sería un camino forzado para resolver el problema de las concesionarias de autovías, aunque no más que el que se eligió para culminar la reforma de las cajas de ahorros a través de la Ley de Promoción al Desarrollo.

CiU advierte del riesgo que correría el Estado si tuviera que hacerse con la gestión de estas infraestructuras

Los portavoces de Fomento consultados por este periódico están dispuestos a colaborar para superar este escollo. Andrés Ayala, por el PP, afirma que desde su grupo no se pondrán obstáculos "para alcanzar un acuerdo" ya que reconoce que las empresas "están en una situación alarmante". Ayala achaca el veto impuesto por su partido en el Congreso "a la improvisación con la que el Gobierno presentó su enmienda". El ponente de CiU, Pere Macias, advierte que dando solución a este problema "no se rescata solo a las concesionarias, sino que se acude también en socorro del propio Estado ya que de quebrar éstas "debería cargar con una deuda de entre 3.500 y 5.000 millones de euros, con un aumento del déficit público de medio punto de PIB".

PSOE y PNV recuperarán las cuentas públicas en el Congreso

132 es la cifra mágica que en el Senado puede conseguir el veto a los Presupuestos de 2011. No es la primera vez que esto ocurre y tampoco causa alarma en el Gobierno, puesto que el pacto con el PNV y Coalición Canaria le garantiza el levantamiento del veto en el Congreso. Entre las concesionarias llamadas a recibir las ayudas previstas por Fomento se encuentran las que gestionan las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la de Cartagena-Vera, la de Madrid-Toledo, la que circunvala Alicante y la de Ocaña-La Roda.Entre las empresas directamente afectadas figuran Acciona, Abertis, ACS, Ferrovial y Glovalvía. Todas ellas han mantenido varias reuniones con los principales grupos parlamentarios para trasladarles información sobre su estado financiero, antes y después del veto que impuso el PP.

La cifra

3.731 millones de euros es el coste que se calcula que tendría para el Estado asumir la gestión de las concesionarias en dificultades.