Los presidentes de la CNMV y del ICAC declararán como imputados en el caso La Seda
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Antonio Gonzalo Angulo, deberán declarar como imputados por el caso de La Seda de Barcelona.
Así consta en una diligencia de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que se dicta la "declaración en calidad de imputados de Julio Segura y José Antonio González Angulo el próximo día 13 de enero".
La decisión de la magistrada se produce a petición de la fiscal María Eugenia Hernández, que a raíz de una denuncia de la asociación de accionistas minoritarios de La Seda de Barcelona "Unidos por La Seda" solicitó que se tomara declaración "en calidad de imputados a ambos denunciados".
"Unidos por La Seda" presentó una batería de iniciativas legales en 2009 al descubrirse que la compañía estaba en quiebra técnica y que el equipo gestor que lideraba el entonces presidente Rafael Español había incurrido en diversas operaciones irregulares.
Estas operaciones se denunciaron en diversas instancias judiciales, entre ellas la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona y la Audiencia Nacional.
Los denunciantes acusan a la CNMV de dejación en sus funciones de control, lo que habría dañado económicamente a los accionistas minoritarios por su pasividad.
Al ICAC, los denunciantes le culpan de no haber controlado la auditoría de las cuentas anuales de La Seda que llevaba a cabo la firma Horwath y que no vio, como mínimo, operaciones irregulares de Español y la dirección de entonces por valor de 100 millones de euros.
Rafael Español dejó la presidencia en 2009 y en este momento el nuevo presidente, el portugués Carlos Moreira, ha tenido que inyectar 65 millones de euros en la compañía y renegociar con la banca acreedora para conseguir importantes quitas que han permitido que la empresa siga en marcha.
Sin embargo, la nueva dirección no ha podido llegar a ningún pacto con la plataforma "Unidos por La Seda", que cuenta con unos 400 miembros que dicen representar al 2% del capital y que tienen como principal objetivo que Español y otros miembros de su equipo, como el también ex presidente José Luis Morlanes, respondan ante la justicia por su gestión.
Cuando estalló el escándalo en mayo de 2009, las acciones de La Seda estaban a 0,35 euros y después de haber sido suspendidas de cotización varios meses y de la operación de rescate pilotada por Moreira están a 0,060 euros, una sexta parte que antes de la crisis