Se aplicará en 2016

La UE aprueba su plan de reducción de emisiones industriales

La Unión Europea ha aprobado hoy el nuevo plan comunitario para reducir las emisiones contaminantes procedentes de plantas industriales por el que se establecen limites estrictos para las sustancias más perjudiciales para el medio ambiente.

Los ministros del Interior de la UE han sido, por razones de agenda, los encargados de dar el sí definitivo a la aprobación de la nueva normativa, que ya recibió en julio el visto bueno del Parlamento Europeo.

La nueva legislación, que actualiza y refunde siete directivas que ya existían en la Unión Europea (UE), impone limites más duros a sustancias como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre o las micropartículas que pueden provocar fenómenos como la lluvia ácida y enfermedades como cáncer o asma.

La medida afectará a una 52.000 instalaciones industriales y agrícolas con alto riesgo de contaminación desde refinerías a granjas en la UE.

El primer acuerdo informal entre los Veintisiete tuvo lugar el pasado 16 de junio, después de más de dos años -desde diciembre de 2007- de marcados desacuerdos entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo.

Si bien los límites generales de emisión se endurecerán a partir de 2016, la UE ha acordado permitir ciertas exenciones.

En concreto, dejará a los Estados miembros aplicar planes transitorios hasta 2020 para las grandes instalaciones de combustión (incluidas las plantas eléctricas y de combustibles fósiles).

Además, las plantas más viejas no tendrán que respetar los límites de emisión siempre que cierren sus puertas a más tardar a finales de 2023 y no excedan las 17.500 horas de actividad a partir de 2016.

Las instalaciones nuevas, en cambio, tendrán que cumplir con la normativa desde 2012.

Para recibir un permiso de operación, las plantas industriales tendrán que aplicar las mejores técnicas disponibles para limitar las emisiones a la atmósfera, la contaminación del suelo y del agua, los niveles excesivos de ruido y garantizar las condiciones necesarias de seguridad.

No obstante, los países comunitarios dispondrán de cierto margen de aplicación de las normas, ya que en algunos casos es imposible desde el punto de vista técnico que determinadas instalaciones utilicen las mejores técnicas disponibles.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto desarrollar directrices para coordinar esta flexibilidad a escala comunitaria y exigir una prueba de que realmente resulta imposible respetar los límites de emisión para evitar exenciones injustificadas.