La Audiencia mantiene las cautelarísimas

Gran malestar en Moncloa por el boicot de las eléctricas a las ayudas al carbón

Llueve sobre mojado. La Audiencia ratificó el viernes la suspensión cautelarísima del reglamento del real decreto sobre el carbón. Esta medida, que se une a la decidida por el Tribunal de la UE dos días antes, ha causado un profundo malestar en Moncloa e Industria por el boicot judicial de las eléctricas.

El bloqueo de las medidas de apoyo al carbón que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han logrado con la ayuda de los tribunales, ha causado el profundo malestar no sólo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, sino también del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno ha acusado a las empresas de deslealtad en un asunto de interés nacional, según fuentes próximas al mismo.

æpermil;stas añaden que las empresas, en conversaciones mantenidas con el ministro, han reconocido, no obstante, que han actuado por inercia y que quizás han ido demasiado lejos. En otras palabras, que estarían dispuestas a recapacitar. El Gobierno no entiende esta deslealtad cuando se está peleando por titulizar la deuda eléctrica con el aval del Estado; por el ATC, del que serán beneficiarias, o, en el caso de Gas Natural, por ayudarla a resolver su conflicto con la argelina Sonatrach.

La Audiencia Nacional ratificó el viernes las cautelarísimas que anunció una semana antes para uno de los reglamentos del real decreto del carbón, que se suman a las dictadas por el Tribunal de la UE para las ayudas de Estado que conlleva dicho decreto y que fueron decididas por la Comisión Europea el 29 de septiembre. A la espera de ver cómo despeja el Gobierno el punto muerto en el que han quedado las medidas para obligar a las eléctricas a quemar carbón en sus centrales, las reacciones públicas no se han hecho esperar. Cinco comunidades autónomas (Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía) firmaron el viernes un documento base para una nueva regulación de las ayudas a la industria del carbón a partir del 1 de enero de 2011. Estas comunidades, que cuentan en sus territorios con térmicas de carbón, criticaron "la hostilidad" de las eléctricas en relación al real decreto que han denunciado en el Supremo, además de recurrir su reglamento en la Audiencia y las ayudas de Estado de la CE ante Luxemburgo.

El presidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró tras el Consejo de Ministros que el Gobierno tiene la "voluntad política clara" de sacar adelante el decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas. Algo que hará "desde luego en los tribunales". Sin embargo, el tiempo apremia, los mineros se quejan de no cobrar desde hace meses y la decisión final de las cautelarísimas de Luxemburgo no se espera hasta dentro de dos meses. Y si éstas se mantienen, la sentencia podría demorarse varios años.

En España, el Supremo debe pronunciarse también sobre las cautelares solicitadas contra el real decreto por las eléctricas. De hecho, en su auto del viernes, la Audiencia señala que mantendrá las cautelarísimas hasta que el Supremo se pronuncie sobre la petición de cautelares.

Fuentes jurídicas opinan que las eléctricas también lo tienen fácil en esta instancia ya que la norma ni siquiera se ha llevado al Consejo de Estado. Si se hubiese tramitado como un decreto ley, las empresas no habrían tenido ni esta vía judicial ni la de la Audiencia.

A grandes males, grandes remedios

En esta situación de emergencia nacional en la que, en opinión de muchos, se encuentra el sector eléctrico español, bien podría aplicarse la máxima de "a grandes males, grandes remedios". Sin embargo, lo delicado del problema, en el caso del carbón, exige quizás grandes dotes de gestión al por menor. De las soluciones posibles que se plantean , la más adecuada, según fuentes próximas al Ejecutivo y de las empresas, es la de compensar a las centrales eléctricas desplazadas por el carbón nacional con el llamado pago por capacidad, aunque suponga "café para todos". De hecho, es algo que ya está estudiando el Ministerio de Industria y que incluiría en un acuerdo con las eléctricas, que deberían, a cambio, de retirar los recursos judiciales contra las medidas sobre el carbón, tanto el del Tribunal de Luxemburgo, como el del Supremo.

Eso sí, el pago por capacidad, que se podría haber ofrecido hace meses, tendría también efectos negativos: provocaría una subida de la tarifa o su déficit.