El Gobierno sale de nuevo al rescate de las concesionarias de autopistas
Una disposición adicional colada discretamente por el Gobierno en los Presupuestos estatales del año que viene permitirá modificar las normas contables para que las concesionarias de autopistas no vean reducidas a cenizas sus cuentas de resultados.
La iniciativa será defendida en el debate presupuestario por el Grupo Socialista, con el previsible apoyo del PNV y de Coalición Canaria, y compromete al Ejecutivo a establecer "los mecanismos necesarios para compensar a las concesionarias de autopistas por la reducción de los peajes que se establezcan en los entornos urbanos y periurbanos, en razón a la mejora de la movilidad y Seguridad vial".
La exposición de motivos que acompaña a la enmienda es algo más clara: el objetivo es "contar con un instrumento para cubrir la compensación económica en aquellos casos en los que por motivos de movilidad y seguridad vial se haga necesario la rebaja de peajes a los usuarios por la utilización de autopistas de peaje".
El redactado tan opaco de esta enmienda no es casual. Obedece al interés del Gobierno en lo levantar demasiada polvareda y evitar, en todo caso, que Bruselas eche por tierra las ayudas a las empresas beneficiarias. Estas compañías atraviesan una compleja situación financiera como consecuencia, en parte, del alto coste que tuvieron que pagar para construir las autopistas. La aplicación de la ley del Suelo del año 1998 hizo que la expropiación de los terrenos en los que se construyeron estas infraestructuras resultara cinco veces más cara de lo proyectado, un coste que recayó en parte sobre dichas empresas.
Con el objetivo de paliar esta situación, el Gobierno pactó con el PP y CiU que en los Presupuestos ahora vigentes se abriera la puerta a un préstamo participativo de 200 millones, con aval estatal, para que estas empresas pudieran afrontar los sobrecostes derivados del pago de estas expropiaciones. De lo que se trata ahora, según fuentes socialistas, es de conseguir que Bruselas no rechace estas ayudas a las constructoras, dando paso a posibles modificaciones en la normativa contable que contribuyan a que las compañías afectadas afronten esta difícil situación.
Las empresas afectadas han trasladado sus inquietudes en las últimas semanas a la mayoría de los grupos parlamentarios para conseguir apoyo. Sin embargo, en esta ocasión el PP no ha dado su brazo a torcer porque considera que hay otros asuntos mucho más prioritarios que tienen carácter social. De hecho, el principal partido de la oposición no ha presentado una sola enmienda en esta dirección. "Que solucione este problema el Gobierno, que para eso está", ha sido la respuesta del primer partido de la oposición a las constructoras.
Las enmiendas socialistas a los Presupuestos incorporan también los pactos alcanzados con el PNV y Coalición Canaria. De la sección 31 del Presupuesto, reservada para imprevistos, el Gobierno ya ha agotado 120 millones. Le quedan otros 110 para abrir el juego parlamentario a los grupos que no han defendido enmiendas de totalidad.
El PP y la revuelta de las pensiones
La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 puede que no tenga marcha atrás, pero José Luis Rodríguez Zapatero sabe desde ayer que sólo contará para sacarla adelante con el PSOE y, previsiblemente, el PNV y Coalición Canaria. El resto de los grupos, bajo el liderazgo del PP, presentaron ayer en el Congreso dos enmiendas conjuntas en las que defienden que se derogue la congelación de estas prestaciones para que puedan revalorizarse un 1% conforme al Pacto de Toledo.Los diputados del PP Fátima Báñez y Montoro presentaron el listado de recortes que propone su grupo para conseguir la revalorización de las pensiones. Son 750 millones y saldrán de estas partidas: 200 millones, de la sección 31 destinada a imprevistos. Otros 200 millones procederían de la ayuda al desarrollo. Otra cantidad similar se obtendría reduciendo la financiación a RTVE. Figura otro recorte de 7,2 millones en la financiación a partidos políticos y otros similares para gastos electorales, sindicatos y patronal.
