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Reglas comunes para la UE

Bruselas propone que accionistas y bonistas paguen las quiebras

La Comisión Europea (CE) anunció ayer que propondrá reglas comunes en la UE para garantizar que en el futuro sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen cuando quiebre un banco. Bruselas dotará a los supervisores nacionales de poderes para obligar a las entidades a elaborar testamentos vitales, suspender el pago de dividendos cuando se detecten problemas e imponer descuentos a la deuda en manos de los acreedores.

"Cuando hay una crisis en un banco, la alternativa es la catástrofe o el salvamento con fondos públicos. Queremos escapar de esta dinámica con reglas sólidas y procedimientos eficaces", explicó el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.

La Federación Europea de Banca (FEB) apoyó la propuesta de la CE para permitir la quiebra ordenada de los bancos. "Si sucede lo peor, los contribuyentes no deberían pagar la factura", declaró el secretario general de la organización, Guido Ravoet.

Las ayudas públicas que han dedicado los Estados miembros a rescatar a sus bancos ascienden al 13% del PIB regional. Con su propuestas, Bruselas quiere evitar el riesgo moral que supone que los bancos tengan la certidumbre de que los Gobiernos acudirán a su rescate. "En el futuro, los acreedores y los accionistas estarán en primera línea, y no los contribuyentes", resaltó Barnier.

El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal de medidas que se desplegarán en la medida que lo exija la situación. Con carácter preventivo, las entidades transfronterizas deberán tener protocolos en los que detallen cómo realizar su liquidación ordenada. Y cuando se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control. Una vez la quiebra sea inevitable, la CE quiere que las autoridades dispongan de poderes para forzar su venta a una entidad sana, o transferir sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios.

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