El déficit de tarifa llegó a los 2.724 millones hasta agosto
La CNE, que cifra en 3.190 millones su previsión para 2010, reclama al Gobierno potestad para fijar tarifas y sancionar.
El déficit de tarifa del sector eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos del sistema superan los ingresos regulados, ha ascendido a 2.724 millones de euros en los ocho primeros meses del año, según datos de Europa Press a partir de la octava liquidación provisional de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Esta cifra supera en un 5% los 2.585 millones de euros de deuda tarifaria generada hasta julio. Además, este registro se sitúa un 12,5% por encima de la previsión que manejaba el regulador hasta agosto de este año.
El organismo presidido por Maite Costa sigue cifrando en 3.190 millones su previsión de déficit de tarifa para el conjunto de 2010, apenas 190 millones por encima del límite de 3.000 millones que, por ley, fijó el Gobierno para el presente ejercicio. El año pasado se cerró con un desajuste de 4.616 millones de euros. A través del real decreto ley 6/2009, el Ejecutivo fijó un calendario para reducir progresivamente el déficit de tarifa hasta 2013, cuando el sistema eléctrico debe registrar un equilibrio entre los costes y los ingresos.
Asimismo, este miércoles concluye el periodo de prospección de la demanda para el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (Fade) con el que el Gobierno espera titulizar entre entidades bancarias parte de la deuda eléctrica. Para este año, el objetivo es realizar al menos una emisión de unos 3.000 millones.
Por otro lado, la CNE ha realizado un informe sobre el Tercer Paquete legislativo de la Unión Europea, en el campo de la energía, en el que insiste en su reivindicación de contar con potestad para fijar las tarifas de luz y gas, así como de poder sancionar directamente a las empresas, en línea con los principios que Bruselas quiere establecer para todos los reguladores europeos.
Dentro de la lista de "modificaciones necesarias" para adaptar el funcionamiento del regulador español a las directivas comunitarias, la CNE vuelve a citar, además, la necesidad de que se acabe con el mecanismo de recurso de alzada que pueden presentar ante el Ministerio de Industria los afectados por cualquier resolución del organismo. Esta medida está recogida en el borrador de la Ley de Economía Sostenible. De aplicarse finalmente, Industria dejará de tener la última palabra sobre las decisiones de la CNE, que podrán recurrirse solamente ante los tribunales.
El organismo también pide que ni el ministro de Industria ni el secretario de Estado puedan acudir, con voz pero sin voto, a sus reuniones.