Afirma que la reducción del déficit público es por "sentido común"

Zapatero: en unos años se verá que la respuesta a la crisis es progresista

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado hoy que la reducción del déficit público sea un asunto ideológico, sino de "sentido común", y ha subrayado que la respuesta a la crisis económica está siendo progresista, aunque no se podrá comprobar hasta dentro de unos años.

Zapatero se ha expresado en estos términos durante su participación en el foro "Ágora. América Latina 2010", organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que se celebra entre hoy y mañana en Madrid.

A preguntas de algunos de los asistentes, ha defendido la reducción del déficit público, que en España ha obligado a poner en marcha unas duras medidas de ajuste, y ha negado que sea una cuestión de ideología.

"Es una cuestión de sentido común", ha zanjado, antes de recordar que sólo hay dos formas de conseguir el dinero necesario para pagar prestaciones o construir institutos: o pedir prestado o pedírselo a los ciudadanos con los impuestos.

Pero lo que ha querido dejar claro el jefe del Ejecutivo es que la salida de la crisis actual, en sus grandes principios, es progresista, como una mayor regulación de los mercados, un mayor papel de las instituciones internacionales y de lo público, a lo que ha sumado la lucha contra el cambio climático o los Objetivos del Milenio.

"Hoy no lo vemos porque es muy pronto; tardaremos años en verlo", pero la respuesta a la crisis económica y financiera está siendo progresista, ha insistido.

De hecho, está convencido de que los resultados electorales en algunos países europeos, con el ascenso de fuerzas políticas conservadoras, no supone un triunfo de las políticas neoliberales para afrontar la crisis.

Esa respuesta progresista, según su criterio, está liderada en buena medida por la Unión Europea, que es quien está siendo más activa, firme y exigente.

Por ejemplo, ha citado la propuesta de algunos países europeos, entre ellos España, para establecer una tasa que grave las transacciones financieras internacionales, y ha puesto el acento en las reticencias que han mostrado los países emergentes.