Competencia aprueba la fusión entre Cajasol y Caja Guadalajara
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha aprobado la fusión entre Caja Guadalajara y Cajasol, la primera integración interregional de cajas de ahorro que se hace en España en el marco del actual proceso de reestructuración del sector.
Según datos del organismo, la operación, que fue notificada a la CNC el 20 de julio, recibió la autorización oficial el pasado jueves tras aprobarla en primera fase el Consejo del organismo.
Tras la fusión, que no supone riesgos para la competencia y que fue aprobada hace dos semanas por los consejos de Gobierno de Castilla-La Mancha y Andalucía, la sede social de la caja resultante estará en Sevilla.
La nueva entidad sumará unos activos de 32.900 millones de euros y el proyecto de unión también había sido aprobado por los consejos de administración de ambas entidades y ratificado por sus asambleas generales el 8 de junio de 2010.
La entidad resultante de esta operación, en la que Cajasol toma el control exclusivo de Caja Guadalajara en una fusión por absorción, se situará en el duodécimo lugar entre las cajas españolas por volumen de activos, créditos y depósitos.
Tendrá 5.045 empleados y 809 oficinas, y alcanzará un volumen de clientes de 2,8 millones con la unión de la base de cuentas operativas.
La nueva entidad, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, mantendrá la marca Caja de Guadalajara en Castilla-La Mancha.
Actualmente, la entidad andaluza cuenta con unos activos de 31.000 millones de euros frente a los 1.900 millones de euros de la alcarreña, que tiene 120 millones de recursos propios por 2.900 millones de Cajasol.
El proceso arrancó el pasado mes de enero cuando ambas entidades firmaron los protocolos de fusión, que posteriormente recibieron el visto bueno del Banco de España y de los respectivos gobiernos autonómicos.
La Ley estatal de Regulación de las Normas Básicas sobre ârganos Rectores de las Cajas de Ahorro establece que las fusiones entre entidades de diferentes comunidades autónomas requiere de la autorización conjunta por parte de sus respectivos gobiernos.