El Canal de Isabel II adapta su convenio a un escenario de semiprivatización
El Canal de Isabel II ha negociado garantías anexas al convenio colectivo anticipándose a la constitución de una sociedad anónima, a través de la que promoverá la entrada de capital privado en su estructura. Entre las novedades figura el derecho de reubicación de sus empleados en empresas públicas de la Comunidad de Madrid si el propio Canal perdiera alguna vez la mayoría en el accionariado.
A pesar del momento de estrechez financiera en el mercado, la Comunidad de Madrid sigue dando los pasos necesarios para que la iniciativa privada desembarque en el capital del Canal de Isabel II. Según ha podido saber CincoDías, la empresa pública que gestiona el agua de Madrid ha pactado garantías adicionales al decimoctavo convenio colectivo, firmado el pasado mes de mayo y que tiene vigencia hasta 2012. El objetivo es crear las condiciones laborales necesarias para el trasvase de personal de la actual empresa pública a una sociedad anónima que el Canal abrirá a nuevos socios y de la que controlaría, al menos, un 51%.
Entre los conceptos blindados figura el de la capacidad de los empleados para pedir la reubicación en empresas de la Comunidad de Madrid si la Administración perdiera en algún momento el control del Canal.
Sueldo, categoría, antigüedad y movilidad geográfica limitada a la Comunidad de Madrid, son otras de las condiciones que los más de 2.000 trabajadores del Canal tienen garantizadas por escrito.
La plantilla se blinda ante un hipotético cambio de control
Fuentes cercanas a la compañía argumentan que el mal momento que ha atravesado la Bolsa ha ido aplazando la colocación en el parqué y que la cercanía de las elecciones autonómicas, fijadas en mayo, podría retrasar la operación hasta la próxima legislatura. Desde dentro, simplemente se afirma que el plan de capitalización sigue en marcha sin que se haya descartado la oferta pública de venta (OPV).
Sin embargo, la bursátil, que es la opción que gustaba a la presidenta Aguirre por el hecho de abrir el Canal a inversores particulares, choca con las escuetas valoraciones que ofrece a día de hoy el parqué. Por esta razón, en el mercado se ve como opción más realista la oferta del 49% a un grupo de empresas y entidades financieras. FCC fue la primera en mostrar su deseo de participar, a través de su subsidiaria Aqualia, y Agbar se le sumó el pasado 9 de septiembre.
En todo caso, el proceso implica la creación de una sociedad anónima que permita el reparto de los beneficios entre los accionistas. Y es que las ganancias que el Canal cosecha año tras año revierten en la actualidad en obras de mejora de sus propias redes de abastecimiento y en otros proyectos impulsados por la Administración.
El presidente del Canal y vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, deberá llevar la gestación de esa empresa -a la que da cobertura la Ley 3/2008- al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Plan estratégico
De forma paralela, la dirección de la entidad estaría revisando el plan de inversiones con la intención de que los futuros socios acepten los proyectos previstos en él antes de entrar en el capital. Un extremo que fuentes oficiales del Canal ni confirman ni desmienten: "en ninguna institución resulta extraño que se ponga bajo análisis el plan estratégico".
El actual guión que marca las inversiones del Canal de Isabel II contempla actuaciones por 4.500 millones de euros hasta el año 2020. De esa cifra, 1.400 millones se dedicarán a abastecimiento para plantar cara al descenso de las precipitaciones; una suma de 2.800 millones está destinada a saneamiento y a reducir el impacto ambiental en los ríos; 220 millones tienen como meta incrementar la utilización de aguas residuales en riego de parques y usos industriales, y una partida de 178 millones se destinará a proyectos adicionales.
Un consejo de trámite en el día de huelga
El consejo del Canal de Isabel II se reunió el pasado 29 de septiembre tras el paréntesis que ha supuesto el verano. Fue en pleno día de huelga general y, al parecer, las cuestiones tratadas eran de puro trámite.A la espera está el debate sobre los informes que al menos cinco entidades han elaborado sobre la situación financiera, patrimonial e implicaciones jurídicas que conlleva la entrada de capital privado en la sociedad. BBVA, Rothschild o Cuatrecasas son los asesores que, según el calendario fijado por la dirección del Canal, deberían haber entregado sus valoraciones en junio. Pero fuentes familiarizadas con la elaboración de esos informes comentan que el propio Canal sigue negociando con varios Ayuntamientos la titularidad de redes de abastecimiento. Hasta ahora se ha especulado con tasaciones de la empresa por 2.900 millones.
Deuda
El pasivo del Canal de Isabel II era de 965 millones al cierre de 2009. Una cifra que se engrosará en unos 300 millones a lo largo de 2010 y que podría multiplicarse en próximos ejercicios a la vista del plan de inversiones, por 4.500 millones, a diez años vista.