El PP sopesa recurrir al TC el traspaso de las políticas activas
El convencimiento de que el traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco, tal como lo ha planteado el Gobierno, rompe la caja única de la Seguridad Social ha llevado al PP a plantearse un posible recurso de dicha transferencia al Tribunal Constitucional.
La decisión final se adoptará, según fuentes del primer partido de la oposición, cuando el Gobierno tenga lista la norma y la de a conocer a través, previsiblemente, de sendas enmiendas a los Presupuestos estatales de 2011 y a la ley de Economía Sostenible que ahora se tramitan en el Congreso.
El esquema inicial que ha previsto el Gobierno para transferir al País Vasco las bonificaciones a las cuotas empresariales es, en principio, bastante simple. Después de las correspondientes deducciones empresariales de estas ayudas, el Estado ingresaría en las arcas de la Seguridad Social el coste correspondiente y luego correspondería al Ejecutivo de Vitoria compensar al Estado por este importe. Sin embargo, este último paso aun está por definir ya que falta por pactar la fórmula y los plazos en los que se realizaría esta última compensación.
En teoría, este procedimiento no aportaría grandes ventajas al Gobierno Vasco ya que quedaría en realidad fuera del circuito. En el mejor de los casos, se opina en el PP, la caja de la Seguridad Social no sufriría quebranto, pero en lugar de tener una llave para abrir la cerradura tendría varias, ya que las comunidades con estatutos de segunda generación también podrán acceder a esta transferencia. En el peor de los casos, afirman las mismas fuentes, la llamada 'caja única' sí que podría sufrir un quebranto patrimonial, dependiendo de como se articule la transferencia.
Por esta razón, el PP está pendiente de conocer el contenido de la normativa para tomar una decisión definitiva, ya que existe doctrina jurisprudencial del Constitucional que incluye las bonificaciones a las cotizaciones dentro de la 'caja única'.
La sentencia del Tribunal Constitucional 124/2009 establece con claridad que la Carta Magna "ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema (de Seguridad Social) y de su régimen económico, la estabilidad de los fondos financieros y, por ende, la competencia exclusiva del Estado no sólo de normación sino también de disponibilidad directa sobre estos fondos propios, que en estos momentos se articula a través y por medio de la Tesorería General de la Seguridad Social".
Este fallo será esgrimido en el Congreso por el PP cuando defienda esta semana una moción parlamentaria en la que emplaza al Gobierno a remitir a la comisión del Pacto de Toledo una propuesta que garantice la igualdad y la solidaridad de todos los españoles en materia de Seguridad Social y de empleo en todo el territorio nacional. "Esta propuesta", se lee en la moción, "deberá contener las medidas legales necesarias para asegurar la integridad y la unidad de la caja única de la Seguridad Social".
El PP aspira también a que el Gobierno explique los motivos reales que le han llevado a transferir las bonificaciones al País Vasco.