Una batería de políticas para apagar fuegos
Ya conocemos el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2011. La propuesta pretende reducir el déficit del Estado en un 2,3%, objetivo muy loable en el marco de un PIB del -0,3% para el corriente ejercicio y del 1,3% para 2011, año en el que España volvería a crecer.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, presionado por la Comisión Europea, los organismos reguladores y los mercados ha tenido que reducir el gasto del Estado en un 7,9%. La pregunta que surge es ¿cuál era verdaderamente el nivel de gasto necesario? Adicionalmente, se congelan las retribuciones consolidando la bajada del 5% en las compensaciones económicas de los servidores del Estado y se reduce la oferta de empleo público, confirmando con ello que, sobraba personal.
Es decir, los presupuestos se ceban económicamente en el sector público por la necesidad de reducirlo; no podemos olvidar, sin embargo, que la gran mayoría de funcionarios tienen su puesto de trabajo garantizado de por vida y que están blindados de cualquier ERE o similar, lo que en estos tiempos que corren, es seguramente un privilegio.
En lo relativo a las medidas fiscales, les tocará, finalmente, pagar más a las rentas altas y a las fortunas que se refugian en las SICAV, tanto en el impuesto sobre sociedades con en el IRPF. Son decisiones peligrosas: lo que no debe hacer el Gobierno -con una economía española marcada todavía por la debilidad y lastrada por cifras de paro del 20%- es crear inseguridad jurídica y espantar a los empresarios, que son los que a la postre crean empleo.
No podemos olvidar que la gallina de los huevos de oro del Presupuesto es el IRPF, que es también el impuesto más social: el que lo paga es porque tiene un trabajo. En otro orden de cosas, en algunas comunidades autónomas el contribuyente con rentas superiores a los 175.000 euros pagará el 49% de IRPF, un efecto desincentivador y confiscatorio.
No sabemos el impacto de las medidas de apoyo a las entidades de reducida dimensión. También se observa en el proyecto de Ley la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda habitual a partir de una base imponible de 24.170 euros. Hay que reconocer en este punto que la incentivación fiscal de la adquisición de la vivienda habitual en nuestro país ha creado una burbuja, -mejor dicho, una bomba de relojería-, que al explotar ha puesto en evidencia unas políticas fiscales erróneas que han favorecido a los especuladores y han evidenciado ante los mercados la fragilidad de nuestro modelo económico, con la consiguiente pérdida de confianza de los inversores internacionales en nuestro país. Apostar por el ladrillo fue en su día una mala decisión desde el punto de vista macroeconómico.
En el ámbito de la política fiscal de la vivienda el proyecto de PGE contempla asimismo el aumento de la reducción del rendimiento neto para el arrendatario de los bienes inmuebles destinados a vivienda, consecuencia del cambio de modelo en el mercado inmobiliario: de compra a alquiler.
En definitiva, se trata de medidas que buscan mejorar la situación de nuestra economía, conjuntamente con otras iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo, entre ellas, la reforma del mercado de trabajo.
José María Bové. Socio de HLB Bové Montero y Asociados