Arranca el juicio del 'caso Malaya'
El juicio por el 'caso Malaya', contra la mayor trama de corrupción conocida en España, ha arrancado hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga, en medio de una enorme expectación mediática que ha obligado a establecer un amplio dispositivo de seguridad.
El presidente de la Sala, José Godino, ha dado sobre las 10:30 horas las primeras directrices para el desarrollo del juicio a las partes personadas en el procedimiento, en el que hay 95 procesados -otros tres están en busca y captura- por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.
Desde primeras horas de la mañana, la entrada de la Ciudad de la Justicia permanece acordonada por la Policía Nacional para ordenar el acceso de los trescientos periodistas acreditados para la cobertura del juicio, un centenar de abogados y el casi centenar de imputados, así como de los funcionarios y el resto de personas que acudan por otros asuntos judiciales.
Muchos de los letrados han llegado a la Audiencia con bastante antelación al inicio del juicio, caso de la letrada Rocío Amigo, que defiende al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, considerado el jefe de la organización.
Esta abogada ha solicitado al tribunal la suspensión del juicio, petición que ha sido rechazada por la Sala, que le ha emplazado a continuar con las cuestiones previas.
Entre los acusados, los más madrugadores han sido los empresarios Tomás Olivo y Rafael Gómez Sánchez, y el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román. Algo después han entrado en la Ciudad de la Justicia los ex alcaldes marbellíes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, los cuales han eludido hacer declaraciones a los periodistas.
Se prevé que dure un año
Debido a la envergadura del proceso, cuyo juicio oral se prevé que dure un año, se ha habilitado una sala de prensa, y se han instalado monitores de televisión en el pasillo para que el público que no pueda entrar en la sala de vistas pueda seguir las sesiones.
El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.