Son los datos de Aedapi

El juego online genera unos 300 millones de beneficio

El juego y las apuestas por Internet en España generaron el pasado año, desde la alegalidad en la que se encuentra su actividad, un volumen de beneficios que ascendió a 260 millones de euros, una cantidad que superará este año los 300 millones a pesar de la crisis.

Los datos son de la Asociación Española de Apostadores por Internet (Aedapi), cuyo presidente, el británico Sacha Michaud, ha reconocido a EFE el vacío legal que existe en España respecto al juego en la red, aunque ha insistido en que su actividad no puede considerarse en ningún caso ilegal ya que no existe una legislación que lo prohíba o delimite.

La Aedapi está registrada en Valencia, y todas las empresas asociadas son extranjeras, han señalado fuentes de esta asociación.

Una actividad "alegal" o "ilegal"

Frente a la "alegalidad" en que según la Aedapi se encuentra su actividad, las principales patronales del juego (que agrupan a casinos, bingos, salas de juego o empresas de tragaperras) hablan abiertamente de ilegalidad, y critican la pasividad de las administraciones públicas españolas frente a las compañías online, que no tienen ni sede ni trabajadores en España y que no pagan ningún impuesto en el país a pesar de facturar -calculan- más de 600 millones de euros anuales.

El presidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego, Eduardo Antoja, ha observado que las empresas españolas pagaron el pasado año unos 2.000 millones de euros en tasas de juego a las distintas administraciones, mientras que las empresas que operan por Internet desde fuera de España no pagaron nada.

Las patronales, que han incidido en que no están contra el juego por Internet pero sí contra la desregulación actual, han puesto de manifiesto que ninguna de las empresas que ofrece juegos online cuenta con la autorización o licencia para desempeñar esa actividad en España.

De los datos facilitados por las principales patronales (la Confederación Española de Empresarios del Juego, la Asociación Española de Casinos de Juego y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Juego del Bingo) se desprende que el sector del juego de gestión privada emplea directamente en España a unas 50.000 personas.

Este sector calcula que el presente año el importe jugado (en máquinas recreativas, en bingos o en casinos) rondará los 16.700 millones de euros, un 22% menos que durante los tres últimos años, un descenso que contrasta con el progresivo crecimiento del juego online.

Así, el presidente de la Asociación Española de Apostadores por Internet, Sacha Michaud, ha precisado que los 260 millones de beneficios obtenidos el pasado año supusieron un aumento del 20% respecto a las cifras de 2008, y calcula que este año superarán "holgadamente" los 300 millones de beneficios.

Michaud ha subrayado también la necesidad de contar con un marco legal que regule su situación y una legislación que defina el régimen fiscal para que las empresas que ofrecen estos servicios paguen impuestos en España.

El presidente de esta asociación ha informado de que no existe ninguna casa de apuestas online española, y de que la mayoría tienen sus sedes en otros países de la UE, como el Reino Unido, "donde tienen licencia para operar, pagan sus impuestos y emplean a sus trabajadores".

Sacha Michaud es tajante al defender la legalidad de su actividad: "Estas empresas operan en España gracias a la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembro de la Unión Europea".

40.000 personas piden que se les prohíba jugar

Para regular la situación, tanto el juego por Internet como el que se puede hacer por el teléfono móvil o la televisión, el Gobierno prepara la Ley del Juego (ahora en fase de anteproyecto), un texto con el que el Ejecutivo pretende además prevenir delitos como la estafa o el blanqueo de capitales, y sobre todo proteger a los consumidores, a los menores y a las 40.000 personas que voluntariamente han pedido que no se les permita acceder al juego.

Sacha Michaud ha celebrado ese paso, aunque ha criticado algunos aspectos, entre ellos que el Ejecutivo pretenda gravar de forma diferente cada modalidad de juego o que una "hipotética" privatización del organismo Loterías y Apuestas del Estado (LAE) propicie que éste acabe compitiendo con las empresas españolas y europeas de juego online pero desde una situación ventajosa por tener impuestos distintos.

El presidente de esta asociación de apostadores por Internet ha defendido la necesidad de crear un escenario competitivo donde el usuario no tenga necesidad de jugar en portales fuera de un ambiente regulado, evitando así además el "mercado negro".

A su juicio, el nuevo texto debería definir con claridad ese escenario para que este mercado sea "seguro para los consumidores, rentable para el Estado y competitivo para las empresas".

Por su parte, las patronales del juego privado (las que representan a los casinos, bingos o tragaperras) subrayan la importancia de contar con una legislación única y de alcance nacional y de disponer también de un catálogo de juegos que determine cuáles necesitan licencia o autorización, con el fin de evitar fraudes y de diferenciar los que son legales y los que no.

El Gobierno propone prohibir las apuestas de los atletas, entrenadores y directivos en su deporte

Los jugadores, atletas, entrenadores y directivos de deportes como el fútbol o el baloncesto se quedarán sin poder apostar por su equipo o por cualquier otro en caso de que la Ley del Juego se apruebe en los mismos términos que está redactada en el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada.

Así, en el anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno propone prohibir apostar a "los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento objeto de las apuestas". Además, también prohíbe apostar en esos eventos a "los directivos de las entidades deportivas".

No es la única prohibición que ha incluido el Ejecutivo en el anteproyecto para garantizar la legalidad de las apuestas y la protección de colectivos vulnerables. También se prohíbe apostar a "los árbitros o jueces que ejerzan sus funciones en el acontecimiento objeto de las apuestas", así como a los directores de la Comisión Nacional del Juego, órgano que regulará el juego en España.

Tampoco podrán apostar los "accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquellos".

Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.

En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".

El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.

El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a "reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo", "colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales" o "proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego", entre otras obligaciones.

En cuanto a los derechos de los jugadores, el anteproyecto reconoce que los usuarios tienen derecho a obtener información "sobre las reglas del juego en el que deseen participar de manera clara y veraz" y "formular las reclamaciones contra las decisiones del operador que estimen oportunas ante la Comisión Nacional del Juego".

Régimen sancionador

El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.

Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.

Nuevo impuesto

En cuanto al nuevo impuesto que va a gravar a las casas de apuestas, el anteproyecto establece distintas bases imponibles de acuerdo al tipo de juego que se trate. Así, el impuesto de las apuestas deportivas mutuas o de contrapartida, hípicas mutuas o de contrapartida, las rifas y los concursos se calculará sobre los ingresos brutos "definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración".

Mientras, el impuesto que pagarán las apuestas deportivas cruzadas se calcularán sobre los ingresos netos, o lo que es lo mismo, el resultado de restar el dinero de todas las apuestas de la cuantía de los premios entregados. Por último, en juegos de combinaciones aleatorias la base imponible se calculará "sobre el importe total del valor de mercado de los premios" concedidos a los participantes.

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