Una semana para 'colocar' el ATC

Al Gobierno siempre le queda la baza de declarar el proyecto de interés nacional.

Resulta ciertamente inverosímil el embrollo que han provocado el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, sobre una cuestión ya de por sí conflictiva como es la elección del municipio en el que se construirá el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos del parque nuclear español. Hasta el viernes pasado, y desde que a principios de este año se abriera el plazo para la presentación de candidaturas y para evaluar las mismas por parte de la comisión interministerial creada ad hoc, el proceso se había llevado discretamente y con un cierto control por parte del Gobierno. De hecho, para distraer la atención, los implicados en el proceso habían lanzado en las últimas semanas mensajes pesimistas sobre la aprobación del ATC. Pero este control se ha perdido totalmente, justo en el momento en que resultaba más necesario.

Favoritos

Efectivamente, la elección de uno de los ocho municipios finalistas, casi todos con la oposición de sus gobiernos autónomos, requería de una afinada estrategia política que ha brillado por su ausencia. Bien es cierto que la comisión interministerial evitó cualquier filtración antes del día previsto (el viernes pasado) para que el Consejo de Ministros eligiera al candidato definitivo, de hecho, el informe no pasó ni por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ni por la de subsecretarios. Pero, algo que resulta increíble pero que quedó confirmado con lo ocurrido el viernes, es que Industria había tomado la decisión de elegir al municipio de Zarra sin haberlo consensuado previamente con el Gobierno de Francisco Camps. Los implicados en el proyecto reconocen que las comunidades autónomas pueden boicotear la construcción con informes urbanísticos desfavorables y parecen dispuestos a tener en cuenta su opinión. Además, una resolución aprobada hace varios meses por el Congreso obliga a no ubicar el ATC allí donde no hay consenso.

Pero, ¿por qué no se había planteado la cuestión a la Generalitat valenciana? Fuentes próximas a Industria aseguran que sí se había hecho, pero lo cierto es que, a la vista de ocurrido, no había ningún acuerdo previo. El Gobierno había confiado en que esta comunidad no se opondría, por ser la única de las cinco que cuentan con pueblos aspirantes, cuyo parlamento no había aprobado una moción en contra y había dicho públicamente que no se opondría. También porque, según aseguran las mismas fuentes, los terrenos de Zarra donde se ubicaría el ATC son propiedad del vicepresidente valenciano, Juan Cotino.

Sea como fuere, hasta el viernes por la mañana no se comunicó oficialmente que Zarra era el favorito, ni un día ni dos antes. Además, y sin que se hubiese celebrado el Consejo de Ministros, Sebastián ya había avanzado al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, uno de los más duros opositores al almacén, que éste no se ubicaría ni en el municipio de Yebra (Guadalajara) ni en el de Villar de Cañas (Cuenca), pese a que, junto con Zarra y Ascó, han sido declarado los más "idóneos". Otro grave error a la vista de que la decisión se ha tenido que aplazar y el candidato sigue en el aire.

Con la excusa de que ha solicitado información jurídica complementaria, el Gobierno, que pretendía haber tomado la decisión por sorpresa, se ha visto obligado a posponer en una semana la decisión y a publicar una clasificación supuestamente técnica de los ocho emplazamientos, aunque es claramente de tipo político. Fuentes conocedoras de proceso aseguran que el candidato ideal desde el punto de vista económico y técnico sigue siendo Ascó (con cuatro centrales en la comarca, una de ellas, Vandellós I, ya desmantelada) aunque las inminentes elecciones catalanas se lo han puesto muy difícil. Pese a todo, Zarra (¿casualidad técnica o política?) le gana por la mano, aunque los detractores catalanes del ATC creen que la candidatura del municipio de Zarra es una cortina de humo para ocultar la de Ascó, que sería la favorita.

Una de las desventajas de Zarra, con un alcalde expulsado del PSOE por un caso de corrupción, es que no forma parte de la AMAC, la asociación que agrupa a los 70 pueblos de áreas con centrales nucleares, que han presionado para que el almacén nuclear se lo lleve uno de sus socios, en este caso, Ascó o Yebra. Los partidarios de Zarra replican que este municipio está muy cerca de la central nuclear de Cofrentes.

¿Cómo podrá el Gobierno reconducir la situación en tan pocos días? En Industria intentarán convencer al Gobierno de Camps, pues, insisten, éste se había mostrado de acuerdo con el proyecto. Algo que no concuerda con las declaraciones del viernes. El ministerio tampoco pierde la fe en que el presidente de la Generalitat, José Montilla, acceda a que se ubique en Ascó, al fin y al cabo, ni el PSC ni CiU han incluido en sus programas electorales recién aprobados un rechazo al almacén nuclear.

Y, a las malas, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre le queda una última baza: declarar el proyecto de interés nacional (como ocurrió con el almacén individual que se construyó de la central de Trillo), declaración que impediría cualquier tipo de boicot judicial o político.