El Gobierno reforzará las garantías de los inversores en la emisión de pagarés
Es necesario vacunarse contra un nuevo caso como el de Forum y Afinsa. Con este propósito, Justicia asesora a Economía para reforzar las garantías de los inversores en los casos de emisiones de pagarés, una práctica que en algunos casos está llegando a preocupar al Gobierno.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible que el próximo jueves librará en el Congreso el debate de totalidad contenía ya una disposición para que la colocación de emisiones dirigidas al público en general, realizada con publicidad en los medios, esté sujeta a la intervención de cualquier entidad autorizada para la prestación de servicios de inversión. El Gobierno se anticipó e incorporó esta obligación en un decreto ley el pasado abril. Pero la percepción del Ejecutivo de que este requisito no es suficiente para garantizar los intereses de los inversores ha llevado al Ministerio de Justicia a asesorar al de Economía en una reforma más ambiciosa de la ley destinada a evitar que determinadas sociedades se aprovechen de la ingenuidad de aquellos ciudadanos tentados por las abultadas rentabilidades, cercanas al 10%, que en algunos casos se prometen.
La iniciativa se plasmará posiblemente mediante una enmienda del Grupo Socialista al proyecto de ley de Economía Sostenible, aunque la decisión última corresponde a Economía y no está tomada. En todo caso, se trata de un paso que también está siendo promovido desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismo que ha mostrado en ocasiones su inquietud por algunas emisiones de pagarés dudosas que pueden resultar perjudiciales para el inversor incauto.
En las reuniones periódicas que el presidente de la CNMV mantiene con los principales grupos parlamentarios les ha hecho llegar esta preocupación, según fuentes del PSOE y del PP. Pese a que está constatado por el supervisor que no se puede defender a la gente de sí misma, se percibe que todavía hay margen legislativo suficiente como para prevenir escándalos como los de Forum y Afinsa, que provocaron grave quebranto patrimonial a varios miles de inversores. Un primer paso ha consistido en que la comercialización de productos de inversión favorecida mediante la publicidad se realice de forma obligatoria a través de algún intermediario financiero, según el cambio ya incorporado a la ley del Mercado de Valores.
Hasta ahora, la CNMV se había limitado a sugerir a los inversores interesados en estos productos que se informaran de sus características y también de la situación jurídica y financiera del emisor.
La ley de Economía Sostenible incorpora también numerosas reformas que inciden en la transparencia del mercado financiero y que actualizan las sanciones aplicables a los emisores que eludan las obligaciones legales que entrarán en vigor cuando el Parlamento apruebe la nueva norma.
El PP estaría dispuesto a avalar el endurecimiento de las condiciones que rigen para la comercialización de determinados productos de inversión, aunque su oposición a la ley de Economía Sostenible es firme.
Temor a los nuevos impuestos
Buena parte de los sectores que se han acercado en las últimas semanas al Partido Popular para intentar corregir algunos aspectos contenidos en el proyecto de ley de Economía Sostenible le han hecho ver a sus dirigentes dos preocupaciones claves: la posible creación por parte del Gobierno de nuevas figuras impositivas, posiblemente relacionadas con la llamada fiscalidad verde, y las dificultades derivadas de financiar lo que desde el Gobierno se entiende que son los nuevos sectores productivos.En principio, el Ejecutivo prometió una dotación de 20.000 millones de euros para el desarrollo de la ley, la mitad de los cuales correspondería ponerlos al sector privado mediante la financiación correspondiente por parte bancos y cajas de ahorro. La otra mitad se canalizaría a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).Fuentes del PP informan que hay también inquietud en los colegios profesionales por la supresión de los visados, una medida prevista en la ley.