Berlín vetará la reforma del pacto si no se endurecen las sanciones
Alemania exigió ayer en la cumbre europea que la reforma del Pacto de Estabilidad en marcha sea completa, incluyendo nuevos mecanismos de sanciones para los países con déficit excesivo. La mayoría de los países se resisten a aceptar ese endurecimiento, por lo que Berlín podría vetar la conclusión de la reforma el próximo mes de octubre.
No habrá reforma del Pacto de Estabilidad si no se endurecen las sanciones previstas en el actual. Así de tajante se mostró ayer la canciller alemana, Angela Merkel, durante el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, según indicaron fuentes diplomáticas al término del encuentro. "Alemania va a defender sanciones severas", advertía Merkel nada más llegar a la capital comunitaria. Pero la cita de ayer, dominada por el conflicto entre Bruselas y París por la expulsión de gitanos en Francia, no pareció despejar el camino para las pretensiones de Alemania.
Aun así, el presidente del Consejo Europeo y presidente del grupo de trabajo encargado de la reforma del pacto, Herman Van Rompuy, aseguró que mantiene su calendario de presentar la propuesta final el próximo mes de octubre. Merkel dejó ayer claro que sólo dará su visto bueno el mes que viene si el plan definitivo incluye el brutal endurecimiento del Pacto de Estabilidad propuesto por Berlín.
Alemania pretende suspender la liberación de fondos estructurales tan pronto como un país no cumpla los objetivos de reducción de déficit fijados por la UE. En caso de indisciplina extrema, según la propuesta alemana, la retención de los fondos se convertiría en definitiva y el Estado miembro en cuestión perdería el derecho a percibirlo. Berlín también quiere privar del derecho de voto en el seno del Consejo de Ministros de la UE a los países que violen las normas de la Unión Monetaria, lo que convertiría al Gobierno infractor (o a su sucesor) prácticamente en un paria político a nivel comunitario. La mayoría de los países, sin embargo, consideran que esas dos reformas requerirían cambios en el Tratado de la UE y en los reglamentos presupuestarios actuales, lo que podría necesitar varios años de negociación.
El grupo de Van Rompuy, sin embargo, ha estudiado también opciones para evitar esa larga tramitación. En el caso de la suspensión de voto podría incorporarse mediante un acuerdo político de todos los países de la UE para incorporar ya ese castigo a la espera de una reforma del Tratado. En cuanto a las suspensión de fondos, podría aplazarse su entrada en vigor hasta el comienzo del nuevo periodo presupuestario comunitario en 2014. De momento, sin embargo, no hay consenso sobre la aplicación de ninguna de esas posibilidades.
Van Rompuy indicó ayer que intentará salvar el bloqueo de la reforma proponiendo en octubre las sanciones que se puedan aplicar con el actual Tratado. Y prolongando la labor de su grupo de Trabajo si se deseara incorporar otras nuevas. El planteamiento en dos etapas no parece colmar los deseos de Merkel.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró convencido, de todos modos, de que "tendremos un nuevo escenario de sanciones dentro de lo que permite el Tratado". A su juicio, "necesitamos sanciones eficaces, automáticas y directas" para evitar los desequilibrios que pueden poner en peligro la zona euro.
Zapatero arropa a Sarkozy en el tema de los gitanos
La cumbre convocada por el presidente del Consejo Europeo para rediseñar la política exterior de la UE se convirtió ayer en una tremenda trifulca institucional surgida con motivo de un problema social tan histórico como la integración del pueblo gitano. Tras un intenso debate sobre la expulsión masiva de gitanos en Francia y la virulenta respuesta de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, los 27 países de la UE sólo lograron pactar cuatro puntos que reiteran lo obvio: el derecho de Francia a preservar su orden público; el deber de la Comisión Europea de velar por el respeto a la legislación comunitaria (sobre libre circulación de personas, en este caso); la desproporción de los exabruptos de Reding (que llegó a comparar las expulsiones con la situación durante la II Guerra Mundial); y la necesidad de reforzar las políticas de integración de la etnia gitana.La batalla no dejó un vencedor claro porque Sarkozy indicó que continuará con la política de desmantelamiento de los asentamientos ilegales y la Comisión seguirá adelante con la investigación sobre la posible ilegalidad de las medidas adoptadas por París.Quizá la única perdedora fue, de momento, la comisaria de Justicia, que recibió duras críticas. Entre las más agrias, las del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que calificó las palabras de Reding contra Francia como "inapropiadas" y "fuera de lugar". Zapatero recordó, además, que la comisaria también tuvo ya declaraciones "desafortunadas" contra España durante la reciente presidencia de la UE. Sobre el fondo de la cuestión, el presidente defendió el derecho de Sarkozy a presentar sus argumentos, que los tiene".