La CMT cuestiona la tasa de los ayuntamientos a las operadoras de móvil
Las operadoras están decididas a luchar contra la tasa municipal al móvil con todas sus armas. Y una de ellas es la CMT. Vodafone y Orange han buscado amparo en la autoridad del regulador para cargarse de razones en su pugna judicial. La CMT está de su parte. A su juicio, el tributo puede ser atacado por varios frentes.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no tiene competencia en materia de tributación municipal. Si los ayuntamientos imponen impuestos a las operadoras, la vía de reclamación es otra. Pero su autoridad moral es incuestionable.
Conscientes de su fortaleza como aliado, Vodafone y Orange han recurrido a la CMT para que dé su opinión sobre la tasa que están imponiendo los ayuntamientos a las operadoras de móvil por uso del dominio público local. Claramente, Vodafone y Orange sabían que jugaban a ganador: la comisión está de su parte. Según una resolución del día 7, el regulador cree que deben pagar menos que las operadoras de fijo, que no está bien calculado lo que debe abonar cada compañía y que pueden estar tributando dos veces por el mismo concepto.
Respaldo del consejo
La comisión considera que las compañías celulares deben pagar menos que las de fijo y que están sometidas a una doble tributación
Por supuesto, la CMT no puede pronunciarse sobre estos temas sin una justificación, así que las implicadas han usado el procedimiento requerido para estos casos. La cuestión debe plantearse como una consulta. La CMT la estudia y sus servicios técnicos y legales proponen una contestación que cobra relevancia porque debe ser aprobada por el consejo del regulador.
Seguido este camino, las operadoras de móvil tienen ahora en sus manos una resolución del consejo de la CMT que cuestiona varios aspectos de la tasa municipal al móvil.
La raíz de la polémica entre las operadoras celulares y los ayuntamientos es que la Ley de Haciendas Locales no fija una fórmula concreta que cuantifique la tasa a pagar por las compañías de móvil, como lo hace con la telefonía fija, que debe abonar el 1,5% de sus ingresos brutos procedentes de la explotación en cada término municipal.
La ausencia de una clara base jurídica para calcular e imponer el impuesto ha provocado un aluvión de denuncias de las operadoras contra los ayuntamientos y ya son numerosas las resoluciones de los distintos tribunales. Pero lo primero que deja claro la CMT es que todavía no hay una doctrina jurisprudencial "que permita concluir la conformidad con el ordenamiento jurídico" de la tasa municipal al móvil. Sólo existe una sentencia del Tribunal Supremo y los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia son dispares, recuerda el regulador.
De ahí la importancia de la resolución de la CMT, que las operadoras podrán aportar en los juicios que están pendientes. Para ello, cuentan con varios puntos a su favor. El primero es que la CMT determina que las operadoras de móvil usan menos que las de fijo el dominio público. La conclusión es que si las segundas pagan el 1,5%, la tasa celular debería ser menor.
Otro punto favorable para las empresas en la resolución de la CMT es que el regulador cuestiona los cálculos que se usan para individualizar el tributo. Los ayuntamientos toman los datos nacionales extraídos del informe anual del regulador, "lo que puede conllevar inevitablemente desviaciones en el cálculo exacto ... en cada concreto municipio". La CMT recuerda que incluso se puede estar gravando a un operador que no tenga actividad alguna en el pueblo en cuestión.
El regulador también considera necesario revisar las metodología usada para calcular el tributo, porque las ordenanzas "adolecen de errores en la determinación de los parámetros a tomar en cuenta para el cálculo de la base imponible o del valor de mercado de la utilidad". Por último, la CMT constata que se está produciendo una doble tributación, ya que a las operadoras de móvil no se les permite aplicarse deducciones de conceptos que sí restan para las empresas de telefonía fija y se están gravando ingresos que ya tributan en la tasa general de operadoras.