El Congreso rechaza pedir al Gobierno que no suba la luz en octubre
La Comisión de Industria del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley del PP en la que instaba al Gobierno mantener la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) y los peajes de acceso (que retribuyen los costes regulados del sistema eléctrico), que previsiblemente se revisarán en octubre.
La propuesta, que recibió 17 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones, fue rechazada por los diputados que para tomar decisiones sobre la normativa que regula la TUR hay que esperar a las conclusiones que elabore la subcomisión del Congreso creada para analizar la estrategia energética de España para los próximos 25 años.
Durante la defensa de la proposición, el diputado del PP, Antonio Erias, aseguró que el Gobierno pretende subir los peajes de acceso a pesar de que aún continúan las negociaciones entre socialistas y populares para un pacto de Estado en materia energética, que, como primer paso, conllevó la congelación de la TUR en julio.
"El PP se fijó dos líneas rojas" en torno al pacto energético, como son el mantenimiento de la central nuclear de Garoña y la congelación de la TUR y de los peajes mientras no mejore la situación económica, advirtió Erias, que recordó que la maltrecha situación de las economías familiares debido a la crisis y a la política energética "descarrilada" del Ejecutivo.
El diputado socialista Diego Moreno calificó la propuesta del PP de "inaceptable" y pidió a los populares que sean "pacientes y respetuosos" con el trabajo de la subcomisión, al tiempo que recordó que los usuarios más vulnerables pueden acceder al bono social eléctrico, que congeló las tarifas a precios de enero de 2009.
Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad.
En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes son uno de los competentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y el precio de la energía determinados por subastas.