Los dueños de Marsans compraron VCP días antes de pedir su concurso
El informe concursal de la inmobiliaria Vías, Canales y Puertos (VCP) da cuenta de la actuación del despacho Aszendia, vinculado a Ángel de Cabo (propietario de Posibilitum), en la compañía. Al igual que en Marsans, comprada también por Posibilitum, adquirió la empresa poco antes de solicitar concurso.
El informe concursal de la inmobiliaria y constructora Vías, Canales y Puertos, al que ha tenido acceso este diario, relata la forma de proceder del despacho de abogados Aszendia, especializado en la adquisición de compañías en graves problemas y la gestión posterior de su situación concursal, al frente de la empresa. Al igual que en Marsans, el empresario Ángel de Cabo Sanz, vinculado a Aszendia, acordó la adquisición de VCP y pocos días después solicitó su entrada en concurso de acreedores. Este periódico intentó ponerse en contacto con De Cabo, pero no recibió respuesta alguna.
Los administradores concursales explican que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores".
Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, llevó a cabo "la clásica huida hacia delante" al tratar entre 2007 y 2008 de lograr créditos para superar impagos por un valor superior a los seis millones de otras inmobiliarias (como las concursadas Lábaro y Promodico) con las que mantenía negocio. Aun así, la administración destaca en su informe, presentado el pasado mayo, que no se trata "de una compañía improvisada" sino que era una empresa "profesionalizada a la que se han ido aportando los medios económicos precisos para el correcto desarrollo de su actividad". El 29 de octubre el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, cesa como administrador único y es elegido en su cargo Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presenta solicitud de concurso de acreedores para VCP.
Según el informe de los administradores concursales, el precio de venta acordado entre Rodríguez Peña y De Cabo Sanz es de 11.439 euros "es decir, al precio de un euro por acción, cuando las mismas, según las actas, tienen un valor nominal de 100 euros".
El mismo día en que VCP solicita su entrada en concurso, siendo ya administrada por De Cabo Sanz, la constructora acuerda con el despacho Aszendia la dación de bienes en pago de deuda. El pago responde a tres facturas que Aszendia presenta, también el mismo 3 de noviembre, a VCP por distintos tipos de asesoramiento por un precio de 689.249,9 euros. Pero los bienes aportados superan esa cantidad.
Según el informe concursal, VCP acuerda con Aszendia -dos empresas vinculadas a De Cabo Sanz- aportar tres fincas valoradas en 4,9 millones. Y el acuerdo de dación de esos bienes en pago por una deuda con el despacho de 0,6 millones establece un derecho de opción de recompra a favor de VCP en un plazo de un año por 6,9 millones.
"Conocida la existencia de la mencionada escritura y sus consecuencias para la masa activa de la concursada en claro perjuicio del resto de acreedores", explica la administración concursal en su informe, "se expone a los administradores (...) la conveniencia de rescindir dicho negocio jurídico de manera inmediata y, a ser posible, voluntariamente". "Tras arduas y largas negociaciones", la administración logró la retroacción voluntaria de esas fincas.
Falta de documentación y obras "objeto de auténtico saqueo"
A principios de 2009 la administración concursal de Vías, Canales y Puertos nombrada por el juez trata de estimar la situación real contable de la compañía. "Para llevar a cabo este trabajo extenso en su formulación y tremendamente complicado en su obtención no hemos contado con la colaboración del personal ejecutivo de la compañía", señalan los administradores nombrados por el juez. En abril de 2009 se dictó el cese de la actividad empresarial de VCP y el cierre de sus establecimientos. La administración concursal comenta en su informe que constata "la ausencia o dispersión de documentación" y también de activos en las obras en las que operaba "alguna incluso objeto de auténtico saqueo".Los administradores concursales se encontraron con que 22 vehículos de VCP habían sido transferidos a terceras empresas tras la declaración del concurso. Comprobaron que algunas de esas empresas estaban vinculadas a De Cabo Sanz. En julio de 2009 los administradores solicitaron al juez que se requiriera a De Cabo la devolución de cinco vehículos. A la fecha de la presentación del informe, el pasado mayo, la administración concursal considera que faltan por justificar más de 400.000 euros.