Trabajo investiga los ajustes de salarios a profesores en Madrid
La Inspección de Trabajo está estudiando si los ajustes retributivos de los profesores interinos de la Comunidad de Madrid, que fueron incluidos en el plan de ahorro de su Consejería de Educación en junio pasado, están o no dentro de la legalidad vigente.
El pasado junio, la Comunidad de Madrid decretó a través de su Consejería de Educación un plan de recortes presupuestarios en el área de la enseñanza con el que se pretendía ahorrar 40 millones de euros. Uno de esos recortes consistió, según explicaron fuentes sindicales, en "el incumplimiento unilateral por parte de la Comunidad de Madrid del Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario Docente" vigente desde 2006.
Dicho acuerdo recoge un pacto entre el Ejecutivo autonómico y los sindicatos que garantizaba que todos los docentes interinos cobrarían el salario completo durante el periodo vacacional de los meses de julio y agosto, siempre y cuando hubieran trabajado al menos cinco meses y medio durante el curso. Esta medida afecta a más de 1.500 interinos, según estas mismas fuentes sindicales.
Sin embargo, dentro del paquete de recortes anunciados por la consejería madrileña en junio pasado se incluía una modificación de este pacto, de forma que los docentes interinos de enseñanzas no universitarias dejaban de ser contratados en verano y pasaban a cobrar exclusivamente la parte del verano proporcional al tiempo exacto que hubieran trabajado.
Los sindicatos han presentado una demanda que ha sido admitida a trámite
Esto ya se ha hecho efectivo durante los pasados meses de julio y agosto y es precisamente lo que la Inspección de Trabajo está analizando por si pudiera ser objeto de algún tipo de incumplimiento regulatorio, explicaron fuentes cercanas a este organismo.
Por su parte, la Consejería madrileña de Educación, defiende desde el primer momento que el pacto con los sindicatos que incluía esta medida procedía de acuerdos anteriores a las transferencias educativas a la Comunidad de Madrid. Así, en su opinión, la nueva legislación permite ajustar las vacaciones retribuidas a la parte proporcional del tiempo efectivamente trabajado, "como establece la Ley y como sucede con todos los trabajadores del país".
Los sindicatos, por su parte, han presentado por esta medida una demanda contra la Comunidad que preside la popular Esperanza Aguirre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) por vulneración de los derechos fundamentales, que ya ha sido admitida a trámite.
Además, las organizaciones sindicales presentarán en los próximos días sus alegaciones y esperan que este mismo mes salga la sentencia a su favor.
Próxima sentencia
"Para empezar es muy importante el hecho de que hayan admitido a trámite esta demanda porque todo el mundo sabe lo difícil que es que prospere cualquier proceso por vulneración de derechos fundamentales, asegura Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid.
En cualquier caso, esta sentencia, de ser favorable a los sindicatos podrá ser recurrida por la Comunidad de Madrid en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien será ejecutable hasta que sus magistrados se pronuncien. Por ello, podría suceder que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuviera que dar marcha atrás en su ambicioso plan de recortes educativos, si el TSJM da finalmente la razón a los sindicatos.
Otros recortes en el departamento de Figar
Desde los principales sindicatos se resalta que el de los salarios de los interinos no es el único recorte que está "dañando gravemente" la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Así, recuerdan que el plan de ajustes de la consejería que dirige la popular Lucía Figar, también recorta el dinero destinado a la formación del profesorado (en un 21,5%, según UGT); reduce un 66% las horas de los delegados sindicales; rebaja en 12.000 euros la parte de la indemnización que pagaba la comunidad de Madrid a los profesores que se jubilan anticipadamente o recorta el cupo del profesorado en 2.500 docentes, entre otros ajustes que critican los sindicatos.En total, todos estos cambios, con los que se prevé ahorrar unos 40 millones de euros afectarán a unos 7.000 profesionales docentes que trabajan en la Comunidad de Madrid.