La UE evita dar 5.000 millones contra la inmigración irregular
Bruselas considera abusiva la ayuda de 5.000 millones solicitada por Libia para luchar contra la inmigración irregular en Europa, procedente de países africanos.
La Comisión Europea respondió ayer a la demanda del líder libio Muamar Gadafi, de 5.000 millones de euros a la UE para combatir a la inmigración ilegal proveniente de África. Según Bruselas, "no hace falta tanto dinero para desarrollar proyectos de ayuda a la región". A través de un portavoz, la CE defendió sus proyectos piloto, en Libia, de gestión de la inmigración y garantía de los derechos fundamentales de los indocumentados, si bien también reconoció que "todavía hay pendientes muchas oportunidades de colaborar" con ese país.
Bruselas y Trípoli negocian un acuerdo marco desde 2008 para la cooperación en áreas tan dispares como "el diálogo político, el comercio, la energía, así como medidas de gestión de los inmigrantes tanto por las autoridades libias como las europeas que respeten los derechos de inmigrantes y refugiados".
Ese acuerdo prevé ayudas concretas para la gestión de la inmigración pero las cuantías no se conocerán hasta que no se hayan sentado las bases del acuerdo marco.
La próxima ronda de negociaciones se celebrará en Bruselas el 24 y 25 de septiembre. A esta sesión seguirán una o dos más antes de finales de año, dentro de lo que la CE califica como un diálogo "constructivo", informa Efe. Gadafi hizo esta semana la polémica petición a la UE durante su visita a Italia, que inició el pasado sábado y concluyó el martes.
Según el líder Libio, si Bruselas no desembolsa 5.000 millones de euros anuales a la UE para combatir a la inmigración ilegal proveniente de África, el viejo continente se transformará en la "Europa negra". Esta polémica no es un episodio aislado en las relaciones entre la UE y Libia, que antes del verano también atravesaron un momento diplomático comprometido por la derogación de visados a los ciudadanos de la UE ordenada por Trípoli.
Bruselas estudia el caso francés
Mientras que la UE calcula el coste de la ayuda para frenar la inmigración irregular, se mantiene abierto otro frente en esta misma materia en Francia. De hecho, Bruselas anunció ayer que estudia si la mayoría de las expulsiones de gitanos rumanos que han tenido lugar este verano en Francia se han producido de manera "voluntaria", como argumenta París, o si se han vulnerado derechos fundamentales de los deportados o violado el derecho europeo a la libertad de movimiento, según comunicó ayer el portavoz comunitario de Justicia, Matthew Newman.Los servicios legales y del Ejecutivo comunitario han redactado un informe "preliminar" sobre las polémicas expulsiones e incluido las versiones de las delegaciones francesa y rumanas que el martes se reunieron con la comisaria de Justicia, Viviane Reding. El mismo día, tras reunirse con varios comisarios, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió la política francesa de expulsiones y subrayó que Francia ha respetado "escrupulosamente" las normas comunitarias, pero advirtió de que la libertad de movimiento "no puede ser incondicional".