Almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono

El Gobierno destina otros 15 millones a la crisis del carbón

El presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, se comprometió ayer a agilizar la compra de carbón a las empresas privadas del sector para aligerar una parte de su stock, pero advirtió de que a la minera estatal no le gustan "las presiones" ni que se le imputen responsabilidades que no son suyas.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó prorrogar el almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono por parte de Hunosa, un mecanismo creado en julio de 2009 y que funcionó hasta febrero de 2010 ante la coyuntura del mercado de generación eléctrica y su incapacidad para absorber toda la producción.

Esta decisión, adoptada por el retraso de Bruselas en autorizar el decreto que obliga a las eléctricas a consumir las cantidades de carbón nacional pactadas en el vigente plan del sector, supondrá para Hunosa un coste de 15 millones de euros, con los que comprará 220.000 toneladas de carbón, es decir, la producción de medio mes.

En caso de que las autoridades comunitarias aplacen de nuevo el visto bueno al decreto en el mes de septiembre, el Ministerio de Economía autorizará a Hunosa el gasto de otros 15 millones de euros para comprar otras 220.000 toneladas.

García Secades cifró en unos dos millones de toneladas el stock de carbón que acumulan las mineras. El retraso en la autorización del decreto por parte de la UE llevó a los dos principales grupos del sector (Victorino Alonso y Viloria) a dejar de pagar las nóminas de sus 3.000 trabajadores por falta de liquidez.

El presidente de Hunosa se comprometió a agilizar los trámites administrativos para que las mineras puedan cobrar cuanto antes pero dejó claro a las mineras privadas que a él no le gustan "ni los atropellos, ni los empujones, ni las presiones".

Déficit del sector

La patronal minera Carbunión cifra en 200 millones de euros el déficit de tesorería que acumulan las empresas del sector por la demora en la aprobación del decreto que obliga a las eléctricas a comprar las cantidades de mineral pactadas en el Plan del Carbón.