Las mineras dejan de pagar al retrasarse el decreto del carbón
Algunas de las principales empresas mineras del sector del carbón van dejar de abonar las nóminas de sus trabajadores a partir de hoy y a aplazar pagos de impuestos, proveedores y seguridad social debido al retraso en la entrada en vigor del decreto elaborado por el Gobierno para garantizar el consumo del carbón nacional. Una norma que el Ejecutivo esperaba que fuera efectiva en julio, pero que no puede ponerse en marcha, ya que Bruselas está demorando su visto bueno.
Fuentes de la patronal Carbunión explicaron que las empresas que van comenzar a tomar estas medidas son las que tienen más inversiones comprometidas y, por tanto, más problemas de liquidez en un contexto como el actual. Así, se verán afectadas mineras como Coto Minero Cantábrico y Uminsa, del grupo Victorino Alonso; y Viloria Hermanos, Hijos de Baldomero García y Alto Bierzo, del grupo Viloria.
Desde la patronal, reclaman al Ministerio de Industria una solución transitoria similar a la que estuvo vigente hasta el pasado mes de febrero, por la que la minera pública Hunosa compraba las producciones de mineral comprometidas en el vigente Plan del Carbón con la idea de revenderlas, posteriormente, a las eléctricas.
El origen de la crisis del carbón es la decisión de las eléctricas de dejar de comprar, desde julio del año pasado, el mineral nacional al que se habían comprometido para dar cumplimiento al plan sectorial. Esta situación ha generado serios problemas de tesorería a las mineras. Las empresas cifran en 250 millones de euros el dinero que necesitan para poder financiarse hasta que el decreto entre en vigor.
Las ayudas ya no son suficientes
El pasado mes de mayo, Gobierno y sindicatos acordaron adelantar a junio, y en un pago único, las ayudas a la producción del carbón que estaban pendientes para todo lo que quedaba de año. Lo habitual es que estas cantidades (con las que se cubren las pérdidas que genera la producción de carbón en España) se paguen mes a mes, de forma proporcional. Con esta medida (que suponía un desembolso estimado de unos 140 millones) se trataba de inyectar liquidez a las mineras a la espera del decreto del carbón y garantizar el pago de las nóminas hasta el mes de agosto.