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Tiene un déficit de alrededor de 19.000 millones de dólares

California se declara de nuevo en emergencia fiscal para recortar gastos

California, el Estado que por sí solo sería la octava economía del mundo, acaba de declararse en emergencia fiscal. Para contener un déficit de alrededor de 19.000 millones de dólares, el gobernador, Arnold Schwarzenegger, ha impuesto medidas de recorte de gasto como la reducción de la jornada laboral de los funcionarios estatales durante tres días al mes -no remunerados- a partir de agosto.

La drástica medida no es nueva para California que ya lleva varios años batallando contra un prolongado déficit. De hecho, el año pasado, el Estado ya aprobó medidas similares de reducción de la jornada laboral para funcionarios para contener un déficit de alrededor de 26.000 millones de dólares.

Con la medida, Schwarzenegger aumenta la presión sobre los legisladores para que se negocie un presupuesto estatal que reduzca el déficit. En este sentido, analistas consultados por Reuters indican que un acuerdo entre los republicanos liderados por el gobernador de California y los demócratas podría llevar semanas. Un periodo de tiempo en el que las agencias de riesgo pueden devaluar la deuda de California por debajo incluso de su ya débil nota actual al estatus de bonos basura.

"Nuestra situación de efectivo actual no me ha dejado elección para que, una vez más, tenga que efectuar una suspensión temporal a los trabajadores estatales hasta que la legislatura presente un presupuesto que pueda firmar", señaló el gobernador de California.

La decisión busca también presionar a los sindicatos de los funcionarios para aprobar la medida de reducción de sus salarios al nivel del mínimo estatal.

El eterno problema del déficit

El Estado californiano lleva sufriendo problemas con sus finanzas y ejerciendo recortes desde hace varios años. En 2009, además de aprobar medidas como la reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos, la Oficina de Control del Estado de California se vio obligado a emitir pagarés públicos (I.O.U) para cerrar un déficit de 26.000 millones de dólares. De esta manera, el Estado pudo mantener dinero en efectivo para gastos prioritarios. En ellos se incluyeron, entre otros, los programas de educación y los pagos a los tenedores de bonos estatales.

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