CiU y PNV tienen la llave de las reformas
Salvo que los Presupuestos de 2011 naufraguen en el Parlamento el próximo otoño por falta de apoyos suficientes, la reforma laboral, la del sistema financiero, la de las pensiones, la liberalización del sector energético y la del sector servicios, están en condiciones de poder ser coronadas antes de que finalice la legislatura, a pesar de la débil mayoría que sostiene al Gobierno en el Congreso. En unos casos, estas reformas estructurales han sido canalizadas con la participación activa del Partido Popular, a pesar del clima electoral que impregna el debate político. En otros no va a ser posible contar con el primer partido de la oposición, bien porque se le ha dejado de lado, bien porque sus posiciones son difícilmente conciliables con las del PSOE. El pacto frustrado por la educación, a pesar de los esfuerzos hechos por el ministro Ángel Gabilondo, es el ejemplo más fiel.
En las conversaciones cruzadas que estos últimos meses han mantenido dirigentes de los dos grandes partidos ha habido un denominador común: las reformas en curso definirán el futuro de la economía española durante décadas, con independencia de quien gobierne en cada momento. El propio José Luis Rodríguez Zapatero lo recordó el pasado jueves en el décimo aniversario de su acceso a la secretaría general del PSOE. Desde este punto de vista, es evidente que al líder del PP, Mariano Rajoy le interesa heredar no sólo un ciclo económico ascendente, sino también un tejido productivo y empresarial ajeno a los lastres que han arrastrado en el pasado y que pueden contribuir a que la recuperación económica en España sea algo más lenta que en otros países de nuestro entorno.
De esta forma, si no se equivoca la tendencia de las encuestas, el PP heredaría una coyuntura bastante despejada en la que la reforma más importante que quedaría por acometer sería la de las administraciones públicas, la misma que ahora figura en numerosos borradores de gobierno desde la etapa en que Jordi Sevilla fue titular de esta cartera y comenzó su declive cuando propuso la jubilación anticipada de cerca de 25.000 funcionarios mayores de 58 años, proyecto que duerme el sueño de los justos desde el año 2005.
Para el PP, la reforma de las administraciones públicas no es un reto nuevo. Si se recopilan las propuestas que ha ido registrando en el Congreso de los Diputados a través de iniciativas parlamentarias y de resoluciones defendidas en debates sobre el estado de la nación como el que acaba de concluir hace unos días, se observa que tiene un programa bastante perfilado sobre lo que quiere hacer cuando llegue al Gobierno.
El primer partido de la oposición defiende un Estado bien organizado, con las competencias mejor definidas entre las distintas administraciones, sin duplicidades, con menos burocracia y con altas dosis de coordinación. Rajoy ha defendido que la estructura territorial no puede ser un obstáculo para los ciudadanos a la hora de remontar la crisis económica.
El Partido Popular ha propuesto también una ley de coordinación entre las tres administraciones públicas para aprovechar al máximo sus recursos. Junto a ello, ha defendido la elaboración de un plan de simplificación de procedimientos administrativos que agilice la gestión y elimine trámites innecesarios. Ello implicaría también la implantación de un sistema unificado de creación de empresas en colaboración con las comunidades autónomas y la puesta en marcha de un expediente electrónico único que permita a cada ciudadano conocer en cada momento el estado de sus expedientes con la comunidad autónoma y el ayuntamiento donde resida.
Si las elecciones no se adelantan como consecuencia de una sonora derrota del Presupuesto estatal del año que viene, para el próximo Gobierno que salga de las urnas quedará pendiente, pues, la segunda descentralización, cuyo objetivo será la clarificación del sistema competencial mediante la modernización del papel de las diferentes instancias administrativas. Las urgencias de la crisis económica y sus respuestas un tanto improvisadas han retrasado este debate pendiente pero ineludible si de lo que se trata es de revisar el papel que debe jugar en el futuro cada una de las tres administraciones públicas.
Aunque haya estado ausente de forma incomprensible del reciente debate del estado de la nación, los dos grandes partidos coinciden en que se trata de una reforma imprescindible para adaptar el perímetro del Estado al tamaño, el volumen de gasto público y el número de funcionarios que realmente necesita el país.
Por paradójico que parezca, el calendario de estas y otras reformas está en manos en estos momentos no tanto del PSOE y del PP como de los nacionalistas vascos y catalanes, pues son los que tienen en sus manos la posible precipitación de la convocatoria a las urnas. En el PNV ya se anticipa que de triunfar la huelga general del 29 de septiembre habrá muy poco margen para seguir sosteniendo al Gobierno. En cambio, de resultar un fracaso la protesta sindical, los nacionalistas vascos verían el camino más despejado para dar oxígeno a Zapatero y para dejarle que acabe su tarea. En parecidas coordenadas trabaja ahora Convergència i Unió, condicionada esta vez por unas elecciones autonómicas que le dan como clara ganadora. El horizonte que Artur Mas ha marcado en público a Zapatero tiene también como límite la culminación de las reformas en marcha.