PT defiende la robustez de su posición jurídica ante Telefónica
Portugal Telecom defendió hoy la "robustez de su posición jurídica" después de que Telefónica contratase un segundo despacho de abogados para solicitar la disolución de Brasilcel, empresa con la que comparte el 60% de Vivo con PT.
La compañía española acusa a PT de incumplimiento de obligaciones por haberle ocultado que el Gobierno portugués iba a utilizar la acción de oro para paralizar la venta del 30% de Vivo, a pesar del apoyo mayoritario de la junta de accionistas de la empresa lusa.
Una fuente oficial de Portugal Telecom explicó a Efe que la "posición asumida por el Consejo de Administración de Portugal en relación a la acción de oro está asentada en pareceres jurídicos".
"En relación a las amenazas de Telefónica sobre este asunto, PT no tiene ninguna duda sobre la robustez de su posición jurídica", agregó la misma fuente.
Asimismo, añadió que Portugal Telecom "considera prudente continuar buscando una solución aceptable para todas las partes, independientemente de que el veto de la acción de oro impidiese la deliberación de la asamblea general".
La reacción de la empresa portuguesa se produce después de Telefónica contratase un segundo despacho de abogados, el norteamericano Dewey & LeBoeuf LLP, para que le asesore ante la corte arbitral de Amsterdam, donde reside Brasilcel, por el incumplimiento del acuerdo entre accionistas que firmaron en la constitución de esta empresa que detenta de Vivo.
Telefónica ya había avisado el pasado 19 de julio de que se estaba preparando para pelear por el control de Vivo en los tribunales y el primer escenario sería el Arbitraje de la Haya para lo que contrató el despacho de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek.
La validez de la oferta de 7.150 millones de euros de Telefónica -anunciada el 29 de junio- por el 30% de Vivo terminó el pasado viernes.
Se trataba de la tercera propuesta que hizo Telefónica , que el pasado 1 de junio elevó su oferta inicial del 6 de mayo -de 5.700 millones de euros- hasta 6.500 millones de euros.