Accionistas minoritarios de PT y Telefónica denuncian al Estado luso
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y la portuguesa ATM han presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo portugués para que exija al Gobierno luso que rectifique su decisión de aplicar la acción de oro para vetar la compra de la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo por Telefónica.
El representante de Aemec, Ángel Fernández Albor, explicó a Europa Press que el veto del Estado portugués fue "inconstitucional" y vulneró las legislaciones portuguesa y comunitaria, lo que provocó graves perjuicios a los intereses de accionistas minoritarios y a los ciudadanos.
Además, en la reunión mantenida entre las dos asociaciones, sus representantes acordaron remitir en los próximos días otra reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra el Estado luso, después de que el pasado 8 de julio el Tribunal de Justicia de la UE declarara ilegal la acción de oro aplicada sobre la operación. Aemec y ATM también tienen previsto demandar al Estado portugués ante la Comisión Europea por considerar que la acción de oro es contraria a la libre circulación de capitales recogida en el Tratado de las Comunidades Europea.
Respecto a las demandas judiciales anunciadas por las dos asociaciones antes de conocer que el Estado luso iba a vetar la operación, el representante de Aemec confirmó que se presentarán lo más pronto posible ante los juzgados portugueses. Las asociaciones acordaron presentar una demanda de "acción popular" -figura jurídica en representación de todos los accionistas- en la que se pedirá al tribunal que declare "ilícita" y contraria a derecho la acción de oro ejercida por el Estado.
En caso de que los jueces acepten su petición, los accionistas de PT y Telefónica podrán reclamar al Estado luso de forma individual las indemnizaciones.
Cese del consejo de PT
Las asociaciones de accionistas minoritarios presentarán en las próximas semanas otra demanda ante la Justicia portuguesa para reclamar el cese del consejo de administración de PT por actuar de forma irregular, al no haber ejecutado la decisión de la junta de accionistas.