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Solicitan que su aplicación se suspenda de forma inmediata

Los sindicatos recurren ante el Supremo la reforma de la Ley de Cajas

Tres de los sindicatos que representan a los trabajadores de las cajas de ahorros han interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra la reforma de la normativa que rige estas entidades, aprobada el pasado viernes por el Gobierno, y han solicitado que su aplicación se suspenda de forma inmediata.

En un comunicado, las organizaciones sindicales Asipa, FEC y Sicam sostienen que la falta de consulta a los sectores afectados y la elección de la forma del Decreto Ley para aprobar esta reforma legislativa "constituyen defectos esenciales y determinantes que suponen la nulidad radial y de pleno derecho" del texto.

La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam) esperan que tanto el Supremo como el Constitucional, al que se debe elevar una cuestión de inconstitucionalidad de la norma, anulen de forma inmediata la reforma de la Ley.

En su opinión, la reforma supone "una burda e inaceptable privatización y progresiva de las cajas de ahorros en España, que termina con el sistema de ahorro social representado" por estas entidades en los últimos 130 años.

También critican que el modelo social de cajas de ahorro ha sufrido, con este Decreto, el ataque más duro en las últimas décadas, de forma similar a lo que sucedió en Alemania hace unos años, donde finalmente se consiguió frenar la iniciativa privatizadora.

Los responsables de los tres sindicatos, que se han entrevistado hoy con el presidente de la CECA, Isidre Fainé, y con el director general, José Antonio Olavarrieta, para exponerles sus preocupaciones, esperan que otros sectores contrarios a la reforma de la ley de cajas se sumen al recurso en las próximas semanas.

El recurso incide en cuestiones del Decreto Ley como la inadecuada reforma de los órganos de gobierno que hace la norma, el reforzamiento innecesario del sistema de cuotas participativas en las cajas o la escasa e incorrecta regulación de los SIP.

Asimismo, critican el régimen fiscal "abusivo" que se instaura (que a su juicio vulnera los principios de la libre competencia), la regulación "abusiva" de la privatización de las cajas y las entidades resultantes de ella o los "excesivos poderes" que se conceden al Banco de España frente a las competencias autonómicas.

Los tres sindicatos -muy potentes en entidades como la CAM- han emprendido numerosas acciones judiciales contra el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros.

La pasada semana, interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra las actuaciones del Ministerio de Economía y las autorizaciones del Banco de España a las fusiones virtuales de estas entidades.

También presentaron el pasado 14 de junio ante el Tribunal Supremo un recurso contra la normativa que dio vía libre a la constitución de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) o fusiones virtuales.

En el nuevo recurso interpuesto ante el Alto Tribunal, argumentan que pese a la regulación dada en la reforma aprobada el pasado viernes, se continúa careciendo de base legal para poner en marcha los SIP, una figura que -aseguran- se creó a nivel comunitario sólo para casos especiales y excepcionales.

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