Reforma la ley de cajas

Los cargos políticos tendrán hasta tres años para abandonar las cajas

El real decreto que reforma la ley de cajas y que aprobó este viernes el Consejo de Ministros establece un plazo máximo de tres años para que los cargos políticos electos abandonen los órganos de gobierno de estas entidades. Si su mandato venciera antes, tendrían que cesar en la fecha que corresponda. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, señaló que la solvencia de las cajas "saldrá reforzada" después de esta reforma.

Los cargos políticos tendrán hasta tres años para abandonar las cajas
Los cargos políticos tendrán hasta tres años para abandonar las cajas

El Gobierno espera que el real decreto sea convalidado por amplia mayoría en el Congreso el próximo día 20 y que ningún grupo solicite su tramitación como proyecto de ley. "Nuestro deseo es que la norma entre en vigor de inmediato", señaló Elena Salgado, quien no descartó que en el texto del decreto pudieran producirse algunos cambios hasta que sea publicado en el BOE, paso para el que la vicepresidenta no facilitó fecha.

La principal novedad de la reforma que esbozó Salgado descansa en el tope temporal que se da a los altos cargos electos para abandonar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. En un principio, se pensó que fuera un plazo de un año, pero al final se ha considerado más razonable ampliarlo a tres. Si el mandato caducara, por ejemplo, dentro de dos meses, se haría efectivo el cese, pero si venciera en un periodo superior a los tres años, éste sería el tope máximo.

La vicepresidenta se esforzó en facilitar un relato coherente a la reforma de la ley de cajas. Se encuadra, dijo, en la estrategia de economía sostenible y figura dentro de una segunda etapa de transformación del sistema financiero después de que el número de cajas se haya reducido de 45 a 19, a la espera de lo que resulte de Cajasur. "Esta va a ser una reforma que fortalecerá la solvencia de las cajas", aseguró la vicepresidenta. Salgado recordó que dentro de dos semanas se harán públicos los test de resistencia y que esta será la ocasión para demostrar "que nuestro sistema financiero sigue siendo solvente".

Para conseguir que las cajas crezcan y tengan acceso a aportaciones de capital privado, la reforma plantea un sistema flexible. En primer lugar, abre la puerta a la emisión de cuotas participativas con derechos políticos. A pesar de la agitación de los mercados, Salgado opinó que es una fórmula lo "suficientemente atractiva" como para que estas entidades "consigan capital privado sin dificultades". Los derechos políticos serán proporcionales al porcentaje de la participación en el patrimonio de la entidad. El Gobierno ha mantenido el límite del 50% a la emisión de cuotas.

La reforma limita también al 40% la presencia de comunidades y ayuntamientos en los órganos de gobierno de estas entidades. Hasta ahora regía el límite del 50%. Asimismo, fija mayorías reforzadas de dos tercios para aprobar cambios de naturaleza jurídica.

Las cajas podrán optar entre mantener su condición actual con el nuevo régimen de cuotas participativas, integrarse en los sistemas institucionales de protección (SIP), ceder todo su negocio financiero a un banco o transformarse en fundaciones. En el supuesto de que cedan su actividad financiera a un banco, la caja será propietaria del 50% del mismo, aunque se ocupará sólo de la obra social y de gestionar, si las hubiera, las participaciones industriales. En el caso de que renunciara a esta posibilidad, tendría que dejar de ser caja para convertirse en una fundación. La reforma mejora también el régimen de integración en los SIP.

Respaldo del PP y visto bueno de CECA

La reforma de la Ley de ârganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) propuesta por el Gobierno cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. Cristóbal Montoro, responsable económico del PP, explicó cómo su formación respalda el texto, si bien criticó la gestión global que el Ejecutivo socialista realiza de la economía. "Nuestro apoyo es claro porque la reforma propuesta coincide con lo que nosotros estábamos preconizando desde el comienzo de la crisis, pero si se hubiera hecho en su día nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento para la sociedad española", apuntó el viernes.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dieron una bienvenida inicial al escrito a la espera de conocer sus detalles. Isidro Fainé, presidente de CECA y de La Caixa, destacó en un comunicado cómo el texto "se ha realizado con un amplísimo consenso y en un tiempo récord" y vaticinó que "la reforma será positiva para el sector de cajas, que ganará en competitividad, solvencia y profesionalidad".

El PNV, por su parte, destacó que lo más importante de la futura norma es que "la gestión de las cajas la hagan profesionales en base a criterios profesionales" y adelantó que examinarían "con lupa" los cambios que se propongan.

Otras voces han sido más críticas con el decreto ley. Gaspar Llamazares, diputado de IU en el Congreso, denunció que el Gobierno ha acometido la "privatización" de unas instituciones que han destacado por su papel de redistribución de la riqueza. Mientras, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió el jueves que la nueva norma supondrá "la desnaturalización" de las cajas y provocará "un profundo ajuste laboral".