Escándalo fiscal

Hacienda flexibiliza el plazo para regularizar las cuentas en Suiza

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, restó ayer importancia al plazo de 10 días que la Agencia Tributaria dio a los 1.000 contribuyentes con cuentas opacas en Suiza para regularizar su situación. Los afectados tienen aún margen para saldar voluntariamente su deuda siempre y cuando Hacienda no inicie un expediente de inspección.

El presente requerimiento deberá ser atendido en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación". Este párrafo aparece en las cartas que Hacienda remitió a mediados de junio a 1.000 contribuyentes con cuentas secretas en la filial suiza del banco HSBC. Aun así, la Agencia Tributaria se muestra flexible y aceptará regularizaciones pasados esos diez días.

Uno de los requerimientos al que tuvo acceso este periódico y que puede consultarse en la web de CincoDías está fechado el 16 de junio. Así, el contribuyente que recibió esa notificación, en principio, ya está fuera del plazo para regularizar su situación. Sin embargo, hasta que la Agencia Tributaria no abra un expediente de inspección hay tiempo para saldar voluntariamente la deuda tributaria.

Con todo, Carlos Ocaña reconoció que, de momento, son una minoría los contribuyentes con cuentas en Suiza que han optado por regularizar su situación. "La Agencia Tributaria opera desde la discreción y cada contribuyente tiene su relación bilateral con Hacienda y cada uno de los expedientes sigue su curso. Ha habido alguna regularización", apuntó Ocaña con su sempiterna prudencia.

La Agencia Tributaria tiene hasta tres meses de plazo desde que envió el requerimiento para abrir expedientes de inspección, aunque fuentes tributarias aseguran que éstos se iniciarán antes. Sin embargo, mientras no se formalice el proceso inspector, los contribuyentes pueden saldar por iniciativa propia su deuda tributaria. Fuentes cercanas al proceso destacan que Hacienda prefiere que haya regularizaciones voluntarias antes de iniciar procedimientos de inspección o trasladar el caso a la Fiscalía. Los fraudes que superan los 120.000 euros se consideran ya delito fiscal y, por tanto, se dirimen por la vía penal. La legislación prevé penas de hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo, abogados que llevan a clientes afectados por este caso señalan que "un procedimiento penal es más garantista" para el contribuyentes y no descartan la posibilidad de que un juez pudiera fallar en contra de la Agencia Tributaria. Además, Hacienda no recibirá ninguna información adicional ni ayuda de Suiza, cuyo convenio con España no incluye el intercambio de datos fiscales en casos de fraude tributario.

Ocaña señaló que las investigaciones se centrarán en dos ámbitos. Por un lado, la Agencia Tributaria pretende que los contribuyentes tributen por los rendimientos que obtuvieron gracias a los fondos ubicados en Suiza desde 2005 ya que los ejercicios anteriores ya han prescrito. La mayor parte de estos beneficios deberían aplicar el tipo general del ahorro en el IRPF, que en ejercicios anteriores a 2010 se situaba en el 18%.

Sin embargo, mucho más importante es conocer si los fondos en Suiza, que podrían alcanzar los 8.000 millones, salieron ilegalmente de España. En caso de que fuera así y que Hacienda lograra demostrarlo, la totalidad del importe escondido en Suiza se consideraría una ganancia patrimonial no justificada y debería tributar al tipo marginal máximo del 43% en el IRPF. Evitar esa posibilidad es lo que trae de cabeza a los abogados de estos contribuyentes.

Las cifras

1.000 contribuyentes con cuentas secretas en Suiza recibieron el mes pasado un requerimiento de Hacienda instándoles a regularizar su situación.

3 meses tiene de plazo Hacienda para abrir un proceso de inspección tras enviar los requerimientos a los contribuyentes.

El Gobierno deja para septiembre la subida fiscal

En septiembre, cuando empiezan los exámenes de recuperación y los niños vuelven al colegio, el Gobierno anunciará nuevos aumentos fiscales que se incluirán en los Presupuestos de 2011. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró la semana pasada que el Ejecutivo estudia un "pequeño, modesto y muy limitado" ajuste en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el próximo año. Sin embargo, ayer, varió el discurso y apuntó que aún no tienen decidido el aumento del IRPF. En cualquier caso, insistió que hasta "septiembre no se tomará ninguna decisión".

Todo apunta que Hacienda seguirá los pasos de algunas comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, Extremadura o Andalucía que ya han aprobado o anunciado aumentos a los tramos más altos.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en mayo que el Gobierno reclamaría un esfuerzo fiscal mayor "a los que más tienen y que no necesariamente tributan por el IRPF. Moncloa baraja o bien crear un nuevo tributo o reimplantar el impuesto sobre el patrimonio con modificaciones. El Ejecutivo suprimió en la práctica este tributo en 2008 ya que, en su opinión, afectaba a las clases medias y no a las grandes fortunas, que podían fácilmente sortear ese peaje fiscal. Según Zapatero, el nuevo tributo afectará a menos del 1% de los contribuyentes. Se tratará, en cualquier caso, de una medida con un fuerte contenido simbólico pero con una escasa capacidad recaudatoria. El Ejecutivo, tras rebajar el salario de los funcionarios y congelar las pensiones, pretende demostrar que también pide un esfuerzo a los ricos.