Respuestas al caso de las cuentas opacas en Suiza
Los afectados alegan inseguridad jurídica para no regularizar
La obtención por parte de la Agencia Tributaria de los datos de 1.000 grandes fortunas con cuentas secretas en la filial suiza de HSBC supone el mayor escándalo fiscal en España por número de afectados. El silencio de Hacienda acerca del devenir de las investigaciones ha provocado confusión entre los propios afectados y desinformación entre la opinión pública.
1¿Cuántos contribuyentes están implicados? Son en torno a 1.000 los contribuyentes descubiertos con cuentas opacas en Suiza y que han recibido un requerimiento para que regularicen su situación. Algunos medios hablaban de 3.000 afectados, sin embargo, esa es la cifra de las cuentas secretas que poseen los 1.000 titulares. 400 de éstos residen en Madrid y un centenar largo en Cataluña.
2¿Por qué los contribuyentes abren más de una cuenta en Suiza? Es una práctica habitual y responde al conocido adagio de no poner todos los huevos en la misma cesta. Los inversores optaron por abrir varias cuentas y cada una de ellas sigue una política de gestión diferente.
3¿Hacienda está investigando a los titulares de esas cuentas? De momento, la Agencia Tributaria ha enviado un requerimiento para que los contribuyentes justifiquen que han tributado por las rentas que tienen en Suiza o, en su defecto, para que regularicen su situación fiscal. Las cartas que Hacienda envió a mediados de junio -puede consultarse una de ellas en la web de CincoDías- advierten que se iniciará una investigación si el contribuyente no regulariza su situación en "los diez días hábiles a contar desde el siguiente en que se recibió la notificación".
4¿Qué impuestos están afectados? El del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. En el caso del impuesto sobre la renta, de momento, Hacienda reclama que los contribuyentes tributen por los rendimientos que han obtenido entre 2005 y 2008 por las cuentas que poseen en Suiza. La mayor parte de esos beneficio debería haber tributado como renta del ahorro al 18%. Sin embargo, la gran duda es saber si el importe total de las cuentas opacas, que podría alcanzar los 6.000 millones, ha salido de España sin pasar por el fisco. Si fuera así, Hacienda podría definir a la totalidad de los fondos ubicados en Suiza como una ganancia patrimonial no justificada y, por tanto, tributaría al 43%. Por otra parte, comunidades como Madrid también han remitido requerimientos a los contribuyentes para que regularicen su situación en el impuesto del patrimonio.
5¿Pueden alegar los afectados la prescripción del posible fraude fiscal? Administrativamente, el plazo de prescripción son cuatro años y en el ámbito penal son cinco. Sin embargo, la ley del IRPF establece que "las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción". Es decir, el contribuyente debe ser capaz de probar que poseía esos fondos en Suiza desde antes de 2005, y eso no siempre resulta fácil.
6¿Están regularizando su situación los contribuyentes? La mayor parte de abogados recomienda no mover fichas y alertan de que existe inseguridad jurídica. Cuando un contribuyente regulariza voluntariamente su situación fiscal se cierra la posibilidad de abrir la vía penal. Sin embargo, según el Código Penal, esa garantía desaparece cuando la Agencia Tributaria inicia actuaciones de comprobación. Muchos abogados entienden que los contribuyentes con cuentas en Suiza que regularicen ahora su situación no estarán exentos de posibles responsabilidades penales.
7¿A qué penas se enfrentan los presuntos defraudadores? Si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, se considera delito fiscal y se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
La ayuda suiza
Un convenio que no sirve. España firmó un convenio de doble imposición que sin embargo no le sirve para obtener información de los contribuyentes con cuentas secretas. Suiza no considera que el fraude fiscal sea un delito y, por tanto, no está obligada a colaborar en la Agencia Tributaria.
