El Gobierno reducirá al 5% las vacantes máximas en la Administración
El Gobierno aprobará el viernes la reducción del 8% al 5% del número máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración General del Estado. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer en la Comisión Constitucional del Congreso que la limitación busca "evitar desviaciones al alza" en las masas salariales", con el fin de "seguir conteniendo y controlando el gasto público".
En el Consejo de Ministros del viernes se aprobará también la creación del Observatorio del Empleo Público, que servirá para "diagnosticar en profundidad" su situación y determinar "cómo obtener mejor rendimiento" del personal.
Menos subdirecciones
De la Vega añadió que el Ejecutivo prepara una segunda fase de racionalización del sector público estatal, que suprimirá cerca de un centenar de subdirecciones generales, el sexto nivel en importancia en la Administración. Esa eliminación de puestos ahorrará a las arcas públicas, según explicó, ocho millones de euros. De la Vega explicó que el plan de racionalización del Estado y la reducción de altos cargos ha supuesto en su primera fase un ahorro de 16 millones de euros.
Una cantidad modesta, imbricada en el plan de austeridad por el que se fijaba una indisponibilidad para los ministerios de 5.000 millones de euros, y la reducción al 10% de la tasa de reposición en la oferta de empleo público, que supondrá un ahorro de 300 millones.
El diputado del Partido Popular Miguel Barrachina denunció en la misma comisión que la reducción de cargos anteriormente anunciada por el Gobierno "ha sido sólo aparente", dado que, según afirmó, de los 33 cargos suprimidos, "sólo dos no han sido recolocados". Barrachina criticó también ante De la Vega la reducción del 5% en los sueldos de los funcionarios, una medida que tildó de "desleal" después del acuerdo que firmó ella la propia vicepresidenta con los sindicatos en septiembre.
La FEMP pide capacidad para endeudarse
La Comisión Ejecutiva de la FEMP acordó ayer por unanimidad pedir al Gobierno que elimine la limitación de endeudamiento en 2011 para los proyectos ya iniciados, los cofinanciados con otras instituciones u organismos autónomos y los que tengan carácter plurianual, así como los gastos de reposición. La Federación de Municipios y Provincias pedirá además que no se aplique de forma indiscriminada el decreto que se les prohíbe pedir créditos a largo plazo. Así, reclaman que se tenga en cuenta el nivel de endeudamiento de cada entidad y también su grado de solvencia económica y financiera.