Las patronales catalanas se suman al malestar por el fallo del Estatuto
Las patronales catalanas criticaron ayer el fallo estatutario, coincidiendo en que supondrá un paso atrás en el autogobierno. El presidente de Pimec, Josep González, fue el más contundente, al lamentar que se mantenga la solidaridad desde Cataluña, sin pedir el mismo esfuerzo fiscal a otras comunidades autónomas, refiriéndose al artículo 206 sobre nivelación de recursos retocado por el Tribunal Constitucional.
Las principales organizaciones empresariales catalanas, la Cámara de Comercio de Barcelona, y las entidades locales de UGT y CC OO se pronunciaron ayer claramente en contra del fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el estatuto. El denominador común de las críticas se focalizó en que la resolución del alto tribunal supondrá a la práctica una reorientación global del autogobierno catalán, independientemente de los 14 artículos cuestionados y los 27 reinterpretados.
La Cámara de Comercio de Barcelona que preside Miquel Valls emitió un comunicado en el que aseguró que "consideramos muy lamentable que no se haya respetado la voluntad de Cataluña", refiriéndose al referéndum del 18 de junio de 2006 que aprobó el texto por amplia mayoría. "Ante esto, la Cámara pide la total unidad de las fuerzas políticas en la defensa del estatuto". Algo más tibia y escueta, la principal patronal catalana, Foment, se limitó a "lamentar el largo periodo de tiempo transcurrido para dictar sentencia". Con todo, la entidad presidida por Juan Rosell, destacó que pendientes de la recepción del texto completo la sentencia, ésta "debe acatarse".
En cambio, la patronal de la pequeña y mediana empresa (Pimec) fue la que se mostró más combativa, al señalar en otro comunicado que considera inaceptable que se mantenga el nivel de solidaridad de Cataluña, sin pedir el mismo esfuerzo fiscal a otras comunidades autónomas. La patronal cuyo máximo responsable es Josep González, se refiere al artículo 206 punto tres del texto estatutario, enmendado por el TC para asegurar la nivelación y solidaridad entre las comunidades autónomas con más y menos ingresos. En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Comercio de Sabadell y el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona.
Por su parte, el Círculo de Economía, que reúne a gran parte de la sociedad civil catalana, y que preside Salvador Alemany, declinó posicionarse, argumentando que seguramente en la próxima reunión del consejo del Círculo se adoptará una postura con la emisión de una "nota de opinión". Tampoco el Instituto de la Empresa Familiar quiso explicar su postura.
Más allá de las organizaciones patronales, las grandes empresas y entidades financieras no se posicionaron. Portavoces de Seat, La Caixa, Gas Natural, Spanair y Banco Sabadell respondieron que no calificaban situaciones políticas. Sin embargo, otras fuentes señalaron que podía existir un cierto temor a que se reprodujera un boicot sobre productos catalanes, como ya ocurrió en 2007.
Estudio de juristas
Asimismo, ayer por la tarde se reunieron los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Antoni Bayona y Jaume Galofré que, por encargo del presidente de la Generalitat, José Montilla, realizarán un primer informe sobre los efectos de la sentencia del TC. Con todo, los dirigentes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida apoyaron la formulación de este dictamen.
Montilla prevé reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para "rehacer el pacto estatutario", que "ha quedado tocado tras la sentencia". Para Montilla no se trata de modificar la Constitución. Por último, el presidente catalán apoyó la manifestación, que seguramente se convocará para el próximo 10 de julio.
Moncloa apuesta por las catalanas en octubre
El Gobierno no quiere tener totalmente enfrente a CiU en la tramitación de los Presupuestos de 2011, de ahí que esté interesado en que el presidente de la Generalitat, José Montilla, convoque las elecciones no más allá de octubre. El debate de totalidad de los Presupuestos está previsto en el Congreso para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de ese mes, un plazo que dejaría margen suficiente a los nacionalistas catalanes para participar en la negociación de las enmiendas una vez concluida la campaña electoral.CiU, que ha enjuiciado negativamente la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, ya ha anticipado que no avalará los Presupuestos estatales del año que viene, pero en el Gobierno se opina que esta no es su última palabra y que, una vez acabada la carrera electoral, podría sumarse al consenso.Así las cosas, en el corto plazo las esperanzas del Gobierno se ciñen al PNV y a CC. José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado a los nacionalistas vascos una oferta de colaboración que va más allá de los Presupuestos y toma como horizonte el final de la legislatura, pero el PNV ha vinculado su respuesta al devenir político en el País Vasco, informa F. Castaño.