CEOE urge a reformar las pensiones retrasando la jubilación para recobrar la "credibilidad"
El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, abogó hoy por una reforma urgente del sistema de pensiones que eleve "gradualmente" la edad de jubilación y revise la relación entre las contribuciones efectuadas y los derechos de pensión generados.
A su juicio, esta reforma tendría un "efecto lejano" sobre la cuentas de la Seguridad Social, pero "inmediato" sobre la financiación de la economía española al mejorar su "credibilidad" entre los ahorradores mundiales. "Los mercados financieros no permiten demora alguna", advirtió.
Esta mejora de la financiación propiciaría una "rebaja sensible" de las cotizaciones y tendrá impacto sobre la recuperación y el empleo, al tiempo que la reforma permitiría garantizar la "pervivencia" del sistema de reparto, que se verá afectado por el envejecimiento de población y el gasto en pensiones.
Así lo explicó Lacasa durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo para explicar la postura de la patronal ante la 'congelación' de las pensiones en 2011, una medida que, a su juicio, tiene el aspecto positivo de generar un "ahorro importante" que contribuirá a la consolidación presupuestaria del sistema.
Asimismo, señaló que se trata de una medida "muy difícil y extraordinaria", debida a una "especialísima" situación de la economía española, y aunque el principio general debe ser el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para ello es necesario antes una "reforma en profundidad" del sistema.
En este sentido, señaló que esta reforma es "tan urgente" como la del mercado de trabajo, ya que la "inestabilidad" de los mercados financieros hace que los inversores internacionales también proyecten sus temores hacia la sostenibilidad futura del sistema de la Seguridad Social a largo plazo. Así, recordó que, según la OCDE, España será el país europeo, junto a Grecia, que más verá envejecida su población hasta 2050.
Falta contundencia y coherencia
Aunque señaló que el decreto de medidas de ajuste aprobado en mayo contribuirá a mejorar la credibilidad de la economía española, incidió en que falta "contundencia y coherencia" en la respuesta del Gobierno a la crisis. "El ajuste descansa excesivamente en la inversión pública y es claramente insuficiente en gasto corriente e inversiones, y la reforma laboral carece de la energía necesaria", resumió.
A su juicio, existen márgenes importantes de recorte en otros campos, como subvenciones a servicios públicos y eliminación de trabas administrativas, que por sí solas supondrían unos 3.000 millones de ahorro y una cantidad equivalente para la Administración.
Además, reclamó una reforma laboral de "calado" que introduzca dosis de flexibilidad rompiendo con la dualidad y buscando una situación "un poco más estable" del empleo a través de medidas como una revisión del contrato de formación para jóvenes y el contrato a tiempo parcial.
Lacasa, que rechazó de plano cualquier aumento impositivo, acusó al Gobierno de haber cometido un "error de percepción" sobre su capacidad de endeudamiento, en especial sobre el ahorro, y recalcó que la principal garantía para las pensiones es el empleo, que ahora está gravado "excesivamente" por las cotizaciones sociales, cinco punto superiores a la media europea, lo que "mina" la competitividad.
Así, apuntó que éstas podrían reducirse cuando hay superávit acumulado en los fondos como el Fogasa y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Sobrecotización a la seguridad social
En este sentido, acusó al Gobierno de haber utilizado el superávit del sistema de la Seguridad Social para "enmascarar" la realidad presupuestaria del Estado, y llegó a asegurar que las cuentas públicas "nunca han estado equilibradas", sino que su déficit era inferior al del sistema de la Seguridad Social, nutrido por una "sobrecotización social" que ahora hay que evitar "a toda costa". "Con un impuesto sobre el trabajo se ha compensado históricamente la incapacidad del Estado para asumir las cuentas", remarcó.
En la misma línea se expresó el secretario general de Cepyme, José Manuel Vilar, quien abogó por una rebaja de las cotizaciones, que eleva hasta en un 70% el coste laboral por empleado -llegó a asegurar que un empleado con un sueldo neto mensual de 1.000 euros cuesta a la empresa 1.600 euros-.
Cepyme aboga también por retrasar la jubilación
Por este motivo, ambos dirigentes empresariales abogaron por que se cumpla la recomendación del pacto de Toledo de 2002 para separar las fuentes de la financiación de las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, las prestaciones "con mayor coste social", aplicando de "forma equilibrada" los excedentes a la mejora de prestaciones y reducción de cotizaciones para financiar el gasto en pensiones, que ha ido incrementándose "exponencialmente" en los últimos años, un 50% entre 2004 y 2010.
"Donde hay excedentes, parece lógico reducir cotizaciones", incidió Vilar, quien respaldó las tesis de Lacasa y aseguró que el desplazamiento de la vida laboral que se inicia más tarde debería acabar más tarde, aunque admitió que el tema admite "muchas matizaciones".