El Constitucional salva el grueso del Estatuto de Cataluña
El pleno del Tribunal Constitucional aprobó ayer por seis votos a cuatro el grueso del estatuto catalán, tras casi cuatro años de deliberaciones. Con todo, la sentencia considera fuera de la Constitución algunos usos del catalán y la ley de cajas.
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, consiguió arrancar en la tarde de ayer un acuerdo de compromiso sobre el estatuto catalán. Después de tres años y medio de deliberaciones y de todas las combinaciones posibles de voto, la resolución final consiguió salvar el grueso del articulado, aunque con recortes significativos en temas sensibles como la lengua catalana, la ley de cajas y el concepto de nación.
La sentencia avala 245 artículos del estatuto, interpreta otros 23 y cuatro disposiciones adicionales, y declara inconstitucionales 14 más. El texto aprobado se basa en el borrador elaborado por la propia presidenta, después de siete ponencias. A pesar de refrendar la mayoría de artículos, la sentencia declara inconstitucional aspectos básicos, como el uso preferencial del catalán en las administraciones y competencias judiciales y de financiación de organismos locales.
En el segundo bloque de reinterpretación de artículos, la mayoría de cambios se centran en derechos históricos, símbolos nacionales, consultas populares, derecho civil e inmigración. Sin embargo, el escollo de sesgo más político se centró en el concepto nación, que se mantiene en el preámbulo estatutario con el añadido de la "indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución". Además, concreta que el término "nación" incluido en el preámbulo carece de eficacia jurídica.
El acuerdo fue posible gracias a las últimas gestiones de Casas, que dedicó las últimas horas de la mañana de ayer a introducir nuevas modificaciones en su ponencia, que ya había modificado durante el último fin de semana. Los cambios pretendían convencer a los magistrados Manuel Aragón, Guillermo Jiménez e incluso a Ramón Rodríguez Arribas, que contaban con un postura intermedia entre los dos bloques conservador y progresista.
Cuatro votaciones
Sin embargo, los cuatro magistrados conservadores (Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata) decidieron emitir un voto particular para mostrar su discrepancia con la mayor parte de la sentencia, que también fue posible al votar por separado cuatro bloques distintos de artículos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, valoró como positiva la sentencia y destacó que Cataluña sale reforzada y que el PP ha fracasado en su voluntad de "liquidar" el estatuto, teniendo en cuenta que "se aplica desde hace tres años y 10 meses". Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la sentencia cuestiona "50 artículos de calado" del Estatuto de Cataluña, aunque pidió "responsabilidad" en la valoración.
Montilla traslada a Zapatero su "decepción"
El presidente de la Generalitat, José Montilla, se mostró especialmente contundente en una declaración institucional pronunciada a última hora de ayer. Indicó que el Tribunal Constitucional "ha escrito una de las páginas más tristes" de la historia reciente, ya que "ha estado más pendiente de dictar sentencia que de impartir justicia". Con todo, Montilla afirmó que acataba la sentencia, aunque "esto no quiere decir que la comparta". El presidente catalán habló de unidad entre los partidos catalanes, incluyendo a CiU, y convocó una manifestación, que algunas entidades avanzaron que podría realizarse el 10 de julio. Finalmente, Montilla anunció que había hablado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresándole su "decepción" y que deberá rehacerse el pacto con España.