¿Más impuestos a los bancos?
Alejandra Kindelán, directora del Servicio de Estudios de Santander, en contra de nuevas tasas sobre el sector
Diversos países han anunciando nuevas figuras impositivas a la banca (sobre las transacciones financieras, sobre la actividad bancaria o sobre los bonus), con diversos objetivos: recuperar recursos públicos dedicados al rescate bancario, reducir el déficit o dotar un fondo para costear futuras crisis.
El Consejo Europeo de la semana pasada acordó seguir impulsando el trabajo para introducir gravámenes e impuestos sobre las instituciones financieras y estableció octubre 2010 como objetivo para tener una propuesta. Además, insiste en defender en la cumbre que el G-20 mantendrá este fin de semana en Toronto la introducción de un impuesto sobre las transacciones globales.
En paralelo, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos han anunciado esta semana gravámenes sobre sus entidades financieras. Los tres primeros, en un comunicado conjunto, anuncian que su objetivo es que las entidades reduzcan su perfil de riesgo. Sólo se conocen los detalles del impuesto británico, cuyo destino será reducir el déficit. Al otro lado del Atlántico, el acuerdo alcanzado ayer en Estados Unidos incluye la imposición de un impuesto que permita crear un fondo "para pagar los costes asociados" a una posible resolución ordenada de entidades. Algo similar a la propuesta de la Comisión Europea para crear fondos para costear crisis nacionales, con funciones similares a las que ya tiene asignado el Fondo de Garantía de Depósitos de España. Un modelo que ha demostrado sus virtudes.
La actividad bancaria no es contaminante, sino las malas prácticas
El impulso a estas medidas no proviene, hasta ahora, de los órganos técnicos que están formulando las respuestas a la crisis: Comité de Basilea, Consejo de Estabilidad Financiera o Fondo Monetario Internacional. A nivel técnico parece haber acuerdo en que un impuesto a la banca no soluciona ninguno de los problemas que originaron la crisis y, por tanto, no ayuda a prevenir una crisis futura. Por eso el G-20 ha descartado hacer una propuesta en este sentido. El impulso a estas iniciativas procede de países que realizaron un rescate masivo de su sector bancario con recursos públicos, con consecuencias negativas en su situación fiscal y en la opinión pública.
Entendiendo esos objetivos, el debate debería centrarse en las reformas que permitan que el sistema financiero internacional funcione correctamente y limiten la probabilidad y el impacto de crisis sistémicas futuras.
Se argumenta que un impuesto a la banca supone la aplicación del principio de "quien contamina paga". La actividad bancaria no es contaminante. Lo que contamina son malas prácticas que hay que erradicar, y con ese objetivo están trabajando los organismos internacionales: para reforzar la supervisión; mejorar el gobierno corporativo y la gestión de riesgo; dotar de un marco regulatorio más sólido en capital y liquidez; y establecer los marcos de resolución de crisis que permitan, cuando surjan problemas en la viabilidad de alguna entidad, resolverla de forma ordenada, es decir, sin generar riesgo para el sistema y sin requerir dinero del contribuyente.
La aplicación del principio de que "quien contamina paga" implica penalizar las actividades que suponen riesgo para el sistema y a las entidades que abusan de ellas. El argumento de que la actividad financiera puede ser polutiva, y por tanto estar penalizada, puede tener consecuencias negativas e indeseadas sobre la economía. El diagnóstico de las causas de la crisis está hecho. Falta adoptar de forma coordinada las medidas correctas.